La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un informe en el que detalla la violencia, la intimidación y la criminalización de defensores de derechos humanos en América Latina. Para la entidad, la región sigue siendo “una de las más peligrosas para ejercer esa labor” pues observó un alto número de asesinatos en los primeros cuatro meses de lo corrido de 2022.
“Se observa un alto número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en varios países de la región, así como amenazas, ataques, hostigamientos, y procesos de criminalización por su legítima labor de defensa”, explicó la CIDH en un comunicado de prensa.
En el caso específico de Colombia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió 71 denuncias sobre asesinatos de defensores de derechos humanos, de los cuales 11 fueron verificados por el mismo organismo. La CIDH también citó a la Defensoría del Pueblo y aseguró que hasta marzo se registraron 52 asesinatos en el país.
Según los datos suministrados por el Ministerio Público, enero registró 13 homicidios, febrero 18 y en marzo, 21. Los departamentos que más sufrieron este flagelo fueron: Cauca con ocho casos, Putumayo con siete, mientras que Norte de Santander, Arauca y Nariño tuvieron un reporte de cuatro asesinatos cada uno.
En contexto: Más de 50 líderes sociales fueron asesinados en el primer trimestre de este año, aseguró la Defensoría del Pueblo
La CIDH, por su parte, recordó la obligación de los Estados de proteger a los defensores. “La construcción de un ambiente propicio para ejercer el derecho a defender derechos humanos requiere de la decidida voluntad de los Estados”, expuso la CIDH y manifestó que es urgente que se adopten medidas positivas para “fomentar una cultura de derechos y un ambiente libre de violencia y amenazas”.
Por su parte, la Unidad Nacional de Protección señaló que actualmente protege a 3.749 líderes sociales, los cuales son amenazados principalmente por organizaciones criminales. Además, la Fiscalía General de la Nación se comprometió en investigar la relación entre los homicidios y la labor de los defensores.
“Las personas defensoras de derechos humanos cumplen un rol fundamental en el fortalecimiento y la consolidación de las democracias. A su vez, la labor realizada quienes defienden el medio ambiente es esencial para garantizar el equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo sostenible de los países de la región”, concluyó la CIDH.
La respuesta de la Defensoría del Pueblo
Ante la problemática y las cifras emitidas en marzo, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, explicó que este tipo de hechos se constituye como una dinámica que afecta directamente las bases de la democracia y a los defensores de la misma.
“Los homicidios contra líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, constituyen una grave afectación a las bases de la democracia, porque son ellos quienes consagran sus vidas para defender los derechos de sus comunidades”, sentenció el funcionario en su momento e hizo un llamado de atención al Estado colombiano. “No debe bajar la guardia para protegerlos y brindarles las herramientas necesarias que faciliten su admirable labor”, agregó.
Para hacerle frente a la situación, la Defensoría aseguró que tomaría partido continuo en los casos, presentando un boletín estadístico en tiempos específicos, sobres los principales hechos de vulneración de derechos humanos en el país. Estas labores se ejecutarán desde el Observatorio de Derechos Humanos de la misma entidad.
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