El próximo 6 de julio el coronel (r) Néstor Sánchez Aguirre tendrá que comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que rinda su versión por los ‘falsos positivos’, homicidios de civiles que perpetraron militares para hacerlos parecer como guerrilleros abatidos en combates, que se señala que ocurrieron entre 2004 y 2005 en el Batallón Pantano de Vargas del municipio de Granada (Meta), en el oriente de Colombia.
En la emisora La W informaron que en el tribunal de Paz indagan por 21 personas muertas que se reportaron como bajas en combate, dentro de los resultados operacionales, pero de los que se tiene material probatorio de que fueron ultimados por militares dentro de la perversa practica que llevaron a cabo algunos militares que así aseguraban conseguir beneficios como vacaciones, días libres e incentivos salariales.
En el documento de la citación, que fue obtenido por el medio radial, se indica que entre los 21 fallecidos había varias sin identificar y una menor de edad.
“Se ha establecido que el señor Néstor Sánchez Aguirre se desempeñó como comandante del batallón entre 2004 y 2005, periodo en el que según los informes mencionados tuvieron lugar ciertos hechos de asesinatos y desapariciones presentados como bajas en combate”, destacaron del documento.
En La W recordaron que el coronel Sánchez Aguirre fue salpicado por el exparamilitar alias Zeus en otras investigaciones sobre hechos que ocurrieron cuando el oficial era comandante del Batallón Pantano de Vargas.
Precisamente, la Sala de Reconocimiento de Instrucción de la JEP solicitó a la Fiscalía de este tribunal adoptar, de manera urgente, medidas de protección al convertirse en un importante testigo para el tribunal de Paz.
A principios de año el exmilitar lanzó varias acusaciones contra varios oficiales del Ejército Nacional y sus posibles nexos con miembros de las autodefensas mientras él estaba en el Batallón Pantano de Vargas. Dicha versión la entregó en una audiencia libre del tribunal de paz, señalando a los altos mandos de “recepción de sobornos, y hasta la presunta relación de agentes de agencias internacionales como la CIA con exjefes paramilitares en Colombia.
Asimismo, Zeus afirmó ante la JEP que en 1998 fue trasladado a dicho batallón ubicado en el Meta y cuyo comandante era el oficial Miguel Pérez. De acuerdo con su relato, este último “había sostenido al menos una reunión con el alcalde Euser Rendón en el municipio de El Dorado, a la cual llegó con un camión lleno de hombres armados vestidos de civil”.
A través de un documento conocido por W Radio, el también exparamilitar y aliado del máximo comandante de las AUC, Carlos Castaño Gil, solicitó un refuerzo a su esquema de seguridad argumentando que, “no es un capricho que se me asigne uno”, pues ya se conoce su compromiso con el esclarecimiento de la verdad ante el tribunal de justicia transicional.
Por ello, los magistrados de la Sala de Reconcimiento de la JEP le pidieron a la Fiscalía que en un plazo máximo de dos días le sea fortalecido el esquema de seguridad, teniendo en cuenta también que el exmilitar es un testigo con “riesgo extraordinario”. Asimismo, Rodríguez Agudelo expresó que las vidas de sus familiares también están en peligro.
Pero no solamente el procesado requirió un refuerzo en sus medidas de seguridad; su abogada también expuso que el exmilitar necesita ser protegido en todos sus desplazamientos para la construcción de iniciativas enfocadas en la reparación de víctimas.
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