Diez años después del feminicidio de Rosa Elvira Cely, no se conoce toda la verdad sobre el caso

Este 25 de mayo se cumplieron 10 años de uno de los feminicidios más recordados en el país, no solo por la atrocidad con la que ocurrieron los hechos, sino por el precedente que marcó a partir de la indignación de millones de personas tras conocerse el crimen cometido en el Parque Nacional en la noche de aquel jueves, cuando Rosa Elvira Cely fue violada, empalada y abandonada por Javier Velasco en un paraje del sitio ubicado en el centro oriente de Bogotá.

Ahora, diez años después de aquel suceso, la familia de quien se desempeñó como vendedora informal afirma que aún no se conoce toda la verdad del caso, y quien se encargó de replicar esta denuncia fue la senadora Angélica Lozano, que a través de su cuenta de Twitter recordó el crimen, afirmando que no se han cumplido varios mandatos después de la condena contra Velasco.

El nombre de Rosa Elvira Cely y su asesinato fue un llamado contundente al Estado colombiano para actuar con agilidad y contundencia frente a miles de casos de violencia de género. El rechazo colectivo, las diversas manifestaciones y plantones en su honor y pidiendo que no hubiera impunidad, fueron los detonantes para tomar acciones que, si bien fueron contundentes en un principio, actualmente no son tomadas en cuenta con la misma seriedad de hace un lustro.

La Ley Rosa Elvira Cely y la impunidad existente tras su aprobación

La Ley 1761 de 2015 -o ley Rosa Elvira Cely-, tipifica el feminicidio como un delito autónomo. Esto quiere decir, que quien agreda o asesine a una mujer por motivos de género, no solo será juzgado como un homicida, sino también por incidir en la perpetuación de las peores manifestaciones de violencia por identidad y género.

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Con la promulgación de esta ley se esperaba un impacto positivo sobre la vida y seguridad de las mujeres; sin embargo, estos casos se siguen repitiendo constantemente en diversas regiones del país: de acuerdo con el Observatorio Colombiano de Feminicidios, solamente en 2021 ocurrieron 622 feminicidios, siendo Antioquia el departamento con el mayor número de casos registrados -109-, seguido de Valle del Cauca y Bogotá con 75 y 49 hechos, respectivamente.

Además de las preocupantes cifras, Angélica Lozano también advirtió que no se ha implementado la cátedra de género incluida en la ley 1761, la cual indica que es responsabilidad del Ministerio de Educación disponer de “lo necesario para que las instituciones educativas de preescolar, básica y media incorporen a la malla curricular, la perspectiva de género y las reflexiones alrededor de la misma, centrándose en la protección dela mujer como base fundamental de la sociedad”.

Entonces, ¿para qué ha servido esta ley si los casos de feminicidio continúan?

En siete años ha generado cambios en materia política, judicial y cultural, pues tanto los habitantes de Colombia como los fiscales y jueces nombren cada muerte de una persona solo por ser mujer como lo que realmente es: un feminicidio que es castigado con penas altas de hasta 600 meses de cárcel, según el artículo 3° de esta ley.

Para el caso del asesino de Cely, fue condenado a 48 años de prisión. Mientras ella luchó por vivir durante cuatro días, tiempo en el cual los médicos intentaron hacer milagros para reconstruir lo que Velasco había destruido físicamente; nació una lucha que, 10 años después, no termina para su familia y mucho menos para miles de mujeres que piden justicia por cada feminicidio ocurrido en el país.

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