Procuraduría advierte que excombatientes de las Farc siguen sin decir toda la verdad

A través de un documento de 102 páginas, la Procuraduría General de la Nación le solicitó pidió a la Justicia Especial para la Paz (JEP) que exija mayor compromiso de lo excombatientes del frente 34 de la extinta guerilla de las FARC a la hora de aportar la verdad frente a los hechos ocurridos durante el conflicto armado en el Urabá antioqueño.

En el escrito de observaciones correspondientes al macrocaso 04, que investiga la situación territorial de la región, la entidad solicitó mayor atención a casos relacionados con reclutamiento de menores de 15 años, desapariciones y hechos de violencia sexual y de género perpetrados en la comunidad.

Un punto que quedó constatado en el documento es que las Farc llevaron a cabo “hechos asociados a la violencia” en el Urabá, como por ejemplo ataques e incursiones, los cuales generaron “graves afectaciones al territorio y al tejido comunitario, social y familiar de sus pobladores”. Además, sus bienes materiales, físicos y ambientes también se vieron perjudicados. Los excombatientes aseguraron, por ejemplo, que no provocaron desplazamientos forzados.

En materia de de reclutamiento de menores, la Procuraduría solicitó a los comparecientes entregar un listado con los nombres de los jóvenes que fueron víctimas de estos hechos. Esto con el fin de que el máximo organismo del Ministerio Público lleve a cabo “un ejercicio de mayor investigación y contrastación con la información que tengan en sus bases, a fin de que exista un pleno reconocimiento de reclutamiento de menores por la estructura guerrillera”.

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En lo que respecta al delito de tortura, el órgano de control indicó que todavía existen muchos vacíos, y que las versiones rendidas hasta la fecha son “insuficientes” para alcanzar una “asignación de responsabilidades y reconocimiento de verdad”, tanto individual como colectivo, según se precisa en el pliego de observaciones.

En medio del procedimiento, de acuerdo con la Procuraduría, se deberán establecer metodologías para determinar el grado de responsabilidad de algunos comandantes del frente 34. Tal es el caso de Luis Óscar Úsuga Restrepo, alias ‘Isaías Trujillo’; Francy María Orrego Medina, alias ‘Erika Montero’; José Ignacio Sánchez Ramírez, alias ‘Melquis Andrade’; Pedro Baracutao García Ospina; Vianey de Jesús Hernández Benítez, alias ‘Ezequiel Martínez’; Nelson Elías Benítez Urrego, alias ‘Daimer’; y José Gregorio Castro Fajardo, alias ‘Jimmy’.

Por últimpo alias ‘Erika Montero’ pidió un listado de los jóvenes que aparecen como reclutados de las Farc para validarlo con la información que estos tienen. Sin embargo, reconoció que sí se llevaron a cabo estos procedimientos ilícitos en menores de 18 años, ya que, según dijo, en sus reglamentos exponen el ingreso a partir de los 15 años. Esta situación “busca evadir su responsabilidad en el reclutamiento de menores de 15 años y ampararse en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario para blindar su conducta”.

Finalmente, la Procuraduría solicitó que sean llamados a rendir versión voluntaria varios exmiembros de las Farc, quienes, en su calidad de “máximos responsables” o “partícipes determinantes”, fueron mencionados en diligencias rendidas en 2021. No obstante, estos todavía no han sido convocados por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, no obstante haber sido evidenciada su participación en hechos considerados como graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Recordemos que la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) sostuvieron que ha habido avances en los casos de desaparición forzada en las regiones del Urabá, el Darién y Bajo Atrato. Entre la información de utilidad aparecen grabaciones de audiencias de las versiones entregadas por los comparecientes y otras diligencias, destacando el testimonio de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, máximo jefe del Clan del Golfo.

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