Imponen extinción de dominio contra bienes que fueron usados para explotar sexualmente menores venezolanas

Este 24 de mayo, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre seis bienes ubicados en Neiva (Huila), que habrían estado al servicio de una red delictiva señalada de explotar sexualmente a jóvenes venezolanas que llegaron a Colombia

De acuerdo con el ente investigador, los activos afectados con fines de extinción del derecho son tres inmuebles y tres bares que funcionaban en la capital huilense. Las labores investigativas permitieron establecer que las víctimas, supuestamente, eran retenidas dentro de estos lugares y explotadas sexualmente.

Los integrantes de esta red contactaban a las mujeres, la mayoría menores de edad, con falsas ofertas de trabajo como meseras en Neiva. Al llegar, los explotadores les arrebataban los documentos de identidad y las obligaban a pagar multas por manutención, hospedaje y otros conceptos y que tenían que pagar con el fruto del trabajo sexual.

“Por estos hechos, son procesadas varias personas como supuestos responsables de los delitos de trata de personas, inducción a la prostitución, secuestro y concierto para delinquir”, asegura la Fiscalía General de la Nación.

Esta actividad judicial es posible gracias al trabajo articulado de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía y unidades de la SIJIN de la Policía Nacional. Los bienes, avaluados en cerca de 1.500 millones de pesos, quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

El pasado 27 de abril, la Defensoría aseguró que de 44 mujeres víctimas del delito de trata de personas en 2021, 15 casos fueron migrantes venezolanas, las cuales pudieron recibir apoyo psicológico y jurídico de las duplas de género de la Defensoría del Pueblo en diferentes regiones del país: en Norte de Santander (5 casos), Putumayo (2), Cauca (2), Santander (2), Bogotá, La Guajira, Pacífico (Buenaventura), y Vichada, con un caso cada una. De la misma forma, se brinda acompañamiento a 29 mujeres colombianas en Norte de Santander (8 casos), Caldas (6), Bogotá (3), Pacífico (Buenaventura, 3 casos), Cauca (2), La Guajira (2), Valle del Cauca (2), Nariño (2) y Antioquia un caso.

“La trata de personas es un fenómeno que vulnera múltiples derechos humanos, pero debido a su condición de irregularidad, las migrantes se encuentran más expuestas y vulnerables. Hago un llamado a las entidades del Estado para que prevengan, asistan y protejan a las víctimas, así mismo se persiga y judicialice a los victimarios”, resaltó Carlos Camargo.

La Defensoría del Pueblo realiza, con los equipos en las regiones y duplas de género, prevención temprana de la trata de personas mediante la promoción y divulgación de derechos. También hace prevención urgente a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) mediante informes de riesgo, cuando se detecta que los grupos armados ilegales pueden obligar a mujeres y niñas a realizar trabajos forzados, mendicidad ajena, explotación sexual u otras formas de trata de personas.

Una de las tareas que el defensor del Pueblo consideró fundamental para prevenir y contrarrestar la trata de personas es la articulación de acciones concretas con la sociedad civil, organismos internacionales o la cooperación internacional.

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