Contraloría de Bogotá denunció que personas muertas estarían recibiendo beneficios de los programas sociales del Distrito

Más de 9700 mercados y kits de aseo fueron entregados en todas las localidades de Bogotá a personas registradas como fallecidas, o eliminadas por tener doble cedulación, o incluso que no existe su registro ni en la Registraduría ni en Migración Colombia,

El estimado que hizo la Contraloría de Bogotá sobre el dinero que se perdió en estas ayudas supera los 2900 millones de pesos, a eso se le suma que la entidad citó a los alcaldes y exalcaldes menores para determinar su responsabilidad en un posible detrimento patrimonial, por la compra y entrega de mercados, a los cuales se le encontraron unos sobrecostos por más de 10.600 millones de pesos, entre los que se encuentra 3000 millones que se le entregaron a la Cruz Roja por “cobro de administración”.

En total, el contrato se firmó por más de 80 mil millones de pesos, de los cuales se gastaron unos 66 mil millones, según publicó El Tiempo. Añaden que la distribución de los recursos que se entregaron a los “beneficiados” se hizo bajo un modelo de prestación de servicios, firmado por 16 alcaldías locales, con el visto bueno de la Secretaria de Gobierno, liderado en ese momento por Luis Ernesto Gómez, el cual se le adjudicó a la Cruz Roja seccional Cundinamarca y Bogotá.

A eso se suma el hecho de que la Contraloría encontró que algunas de estas ayudas se entregaron a familias de estratos 4 y 5; que, aunque algunas personas si los necesitaban, la política contemplaba que estos beneficios se entregaran para los estratos 1, 2 y 3; además, más de 16 mil personas no le coincidían sus nombres y apellidos con los números de las cédulas.

Al parecer la investigación de la entidad, que se archivó el año pasado, se hizo por la denuncia de entre otras personas, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Jorge Colmenares, que en su cuenta de Twitter manifestó:

Agrega que la Cruz Roja de Bogotá disfrazó la idoneidad del contrato agregando un “ítem de ayudas humanitarias” que representó el 20 % del contrato, el cual no se ejecutó. El concejal asegura que dicho contrato fue hecho por la alcaldesa Claudia López a través del Fondo de Desarrollo Local.

El caso se reaperturó el pasado 19 de mayo y ya se citaron a 15 alcaldes de las localidades de la ciudad y a la Cruz Roja para determinar su posible responsabilidad en el detrimento patrimonial y en los sobrecostos de los mercados. Los mandatarios implicados son los de: Ciudad Bolívar, Suba, Kennedy, Chapinero, Usaquén, San Cristóbal, Tunjuelito, Fontibón, Teusaquillo, Puente Aranda, Usme, Engativá, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe y Sumapaz.

Desde el distrito manifestaron que efectivamente se desplegó un “operativo humanitario” que entregó más de 450 mil mercados a familias vulnerables, por lo que contrataron a la Cruz Roja para garantizar que el proceso lo realizara una entidad transparente, con experiencia y además, que estuviera vigilado por más entidades para asegurar el adecuado proceso.

Los criterios para estas entregas fueron por los mapas de pobreza que se tienen registrados en la alcaldía, los cuales permiten determinar cuáles son las personas o familias con un alto índice de vulnerabilidad.

Según explicó la Contraloría de Bogotá, la priorización efectuada no fue efectiva, tampoco la focalización geográfica ni los parámetros para el funcionamiento del sistema Bogotá Solidaria en Casa. Además, aseguran que desde que empezó el plan, no se aplicaron las estrategias como se tenía previsto.

SEGUIR LEYENDO: