La Fiscalía General de la Nación procesó a tres personas que fueron condenadas por un juez por usar empresas fachada para mover millonarios recursos, además, parte de los cuales se le giraron a Wilson Arévalo Hernández, alias “Chaco”, a quien se le vincula con el Ejército de Liberación Nacional, principalmente en el cometimiento del atentado a la escuela de cadetes Francisco de Paula Santander, ubicada en el sur de Bogotá.
El director especializado contra el lavado de activos, Carlos Enrique Vieda Silva, explicó:
“La contundencia del material probatorio, recaudado por un fiscal, permitió que un juez de la República condenará a 3 personas y las declarara responsables de lavar millonarios recursos, en favor de Wilson Arévalo Hernández alias Chaco presunto integrante del ELN investigado por la explosión de la camioneta bomba en la escuela de cadetes de la Policía Nacional general Francisco de Paula Santander el 17 de enero del 2019. Los condenados aceptaron que como representantes de empresas de quesos y otros derivados lácteos ocultaron y movieron altas sumas de dinero producto de las actividades ilícitas del frente de guerra Oriental del ELN”.
Los procesados son Anyi Daniela Martínez Buitrago quien aceptó ser la administradora de una empresa de lácteos y creadora de una comercializadora que realizó unas 120 consignaciones a alias “Chaco”, donde se encontraron 1.084 millones de pesos detectados en operaciones de blanqueamiento y enriquecimiento ilícito.
Luis Sebastián Mateus Vargas también aceptó administrar una distribuidora de quesos, que entre el 2013 y 2018 realizó más de 20 consignaciones a Arévalo por sumas de más de 250 millones de pesos. Tanto Anyi Daniela, como Luis Sebastián fueron sentenciados a 7 años y 10 meses de prisión.
El tercer implicado es Carlos Felipe Mateus Vargas, quien fue sentenciado a 5 años y 4 meses por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, esto porque se le encontraron más de 100 consignaciones realizadas entre 2012 y 2015 por más de 900 millones de pesos a alias “Chaco”.
Según las investigaciones, Wilson Arévalo Hernández fue quien vendió la camioneta a la que le colocaron unos 80 kilogramos de pentolita, además según la Fiscalía, condujo la camioneta desde Arauca hasta Bogotá y se lo entregó a José Aldemar Rojas Rodríguez, que la llevó hasta el interior de la escuela y posteriormente la detonó.
En este caso ya se condenó también a Ricardo Andrés Carvajal Salgar, condenado por los delitos de terrorismo agravado, homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas.
Carvajal que no aceptó cargos, fue condenado gracias a la interceptación de una llamada donde aseguraba que estaba escondido porque era el responsable del atentado. En su momento el abogado del imputado manifestó:
“Esta claro para el juzgado que el señor Carvajal no intervino para nada en la armada o estructuración del carro bomba, ni en su traslado (...) todo se reduciría entonces a determinar si en efecto Ricardo Carvajal como se ha venido asegurando, habría realizado el pago de un canon de arrendamiento en el lugar donde supuestamente se armó el carro bomba”.
Las víctimas y familiares de estos hechos le han pedido una indemnización al Estado por no garantizarles la seguridad dentro de la escuela; puntualmente fueron 8 familias que solicitaron unos ocho mil millones de pesos.
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