Atentado en Escuela Militar General Santander: condena de 46 años a arrendatario de bodega donde ensamblaron carro bomba

Ricardo Andrés Carvajal Salgar, la persona que pagó el arrendamiento de la bodega donde se acondicionó el carro bomba utilizado en el atentado de la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Francisco de Paula Santander, fue sentenciado a 46 años de prisión por la Juez Segunda Especializada de Bogotá.

Los fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le demostraron al juez que Carvajal proporcionó el dinero para hacer uso del lugar, ubicado en el barrio Santa Librada, en el sur de Bogotá. En dicha bodega se guardó la camioneta usada para cometer el atentado del 17 de enero de 2019. Además, allí le instalaron los explosivos.

Entre las evidencias que entregó el ente acusador está la grabación de una llamada telefónica. En ella, Carvajal confesó que estaba escondido porque estaba vinculado con el ataque terrorista que dejó 22 muertos y 64 heridos. “Estoy encaletado porque pusimos la bomba”, dijo el hombre en la conversación.

A Carvajal le imputaron los delitos de terrorismo agravado, homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa agravado; fabricación tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y daño en bien ajeno agravado. De todo ello fue declarado culpable el pasado 16 de marzo. En la audiencia de este martes se determinó en qué consistiría su condena.

Además de la pena de 46 años de prisión, Ricardo Andrés Carvajal Salgar deberá pagar una multa de 20.442 salarios mensuales legales vigentes y cumplir una inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos.

Cabe recordar que Carvajal fue el primer detenido por este atentado. Las autoridades lo aprehendieron tres días después del ataque con explosivos en la Escuela General Santander. Nunca aceptó los cargos que le imputaron y esperó el avance de su proceso judicial desde la cárcel La Picota.

Las sentencias de otros involucrados en este atentado también fueron conocidas este martes. Es el caso de Anyi Daniela Martínez Buitrago, quien aceptó ser la administradora de una empresa de lácteos y creadora de una comercializadora que realizó unas 120 consignaciones a Wilson Arévalo Hernández, alias “Chaco”, donde se encontraron 1.084 millones de pesos detectados en operaciones de blanqueamiento y enriquecimiento ilícito.

Luis Sebastián Mateus Vargas también aceptó administrar una distribuidora de quesos, que entre el 2013 y 2018 realizó más de 20 consignaciones a Arévalo por sumas de más de 250 millones de pesos. Tanto Anyi Daniela, como Luis Sebastián fueron sentenciados a 7 años y 10 meses de prisión.

El tercer implicado es Carlos Felipe Mateus Vargas, quien fue sentenciado a 5 años y 4 meses por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, esto porque se le encontraron más de 100 consignaciones realizadas entre 2012 y 2015 por más de 900 millones de pesos a Chaco.

Según las investigaciones, Chaco fue quien vendió la camioneta a la que le colocaron unos 80 kilogramos de pentolita, además según la Fiscalía, condujo la camioneta desde Arauca hasta Bogotá y se lo entregó a José Aldemar Rojas Rodríguez, que la llevó hasta el interior de la escuela y posteriormente la detonó.

El 17 de enero de 2019 el país se estremeció luego de conocer el atentado terrorista que perpetraron en la Escuela de Cadetes General Santander, ubicada en Bogotá.

A ese lugar ingresó una camioneta cargada con explosivos que no fue detectada por los funcionarios encargados de la seguridad del lugar. En su momento, esto fue bastante cuestionado pues se trata de una escuela de la Policía Nacional, donde los controles deberían ser más rigurosos.

Una vez se logró instalar la camioneta al interior de la escuela se produjo la explosión, en un sitio muy cercano al lugar donde se realizaba una formación. Cabe recordar que la camioneta Nissan Patrol estaba cargada con cerca de 80 kilos de pentolita y el conductor fue identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez, un hombre identificado por las autoridades por ser un miembro del ELN. Rojas Rodríguez murió; se habría inmolado en el hecho.

En el desarrollo del proceso que adelantan las autoridades por este caso se han dado más de diez capturas; sin embargo, algunos de los detenidos han asegurado en varias ocasiones que son falsos positivos judiciales argumentando que las autoridades realizaron las capturas sin mayores pruebas por el afán de dar resultados.

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