75 % de los especialistas en ginecología están en desacuerdo con la penalización del aborto

Ante la reciente despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación, un grupo organizaciones feministas y de salud realizaron un informe sobre las actitudes, las prácticas y los conocimientos de los ginecólogos colombianos frente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la objeción de conciencia.

La muestra de la encuesta fue de 246 respuestas de especialistas, de los cuales el 75 % manifestó que la pena de cárcel por el aborto para las mujeres y los médicos debería dejar de existir. Asimismo, identificaron diversos factores que inciden en que los especialistas brinden acceso a la IVE a las mujeres de manera oportuna.

Respecto al nivel de conocimiento, solamente entre el 50 y 58% de los profesionales han recibido entrenamiento en las técnicas modernas y más recomendadas por la OMS: la aspiración uterina y el aborto con medicamentos en casa. Mientras que los estudios para mayor edad de gestaciones, los especialistas indicaron que tenían menos conocimiento y práctica en ello.

Objeción de conciencia

El 38 % del total de encuestados declaró tener objeción de conciencia frente a la IVE y de ese porcentaje solo el 45 % son reales objetores, teniendo en cuenta que cumplen todas las obligaciones derivadas del ejercicio.

Entre las razones para objetar conciencia se encuentra la edad gestacional avanzada. Según datos de la OMS, “menos del 2 % de las solicitudes se realizan por encima de la semana 20″, es decir, que entre el 85 y el 90% de las interrupciones se producen en las primeras 12 semanas de gestación. “Si las y los especialistas contaran con mayor preparación en las técnicas modernas y el servicio se diera de forma oportuna, este porcentaje podría ser aún menor”, comentó el Movimiento Causa Justa.

El 55 % de los especialistas restantes “podrían estar imponiendo barreras, ya que al no cumplir con las obligaciones de remitir e informar en todos los casos o al prestar el servicio, obstruyen el derecho de quien solicita la interrupción”, explicó un comunicado del colectivo.

Es importante recordar que Causa Justa fue el colectivo que remitió una demanda para despenalizar el aborto en Colombia. Ese documento fue el evaluado por la Corte Constitucional, cuyos magistrados emitieron un fallo en el que la interrupción del embarazo dejaría de ser un delito hasta la semana 24 de gestación.

De hecho, dos de las entidades que realizaron el informe pertenecen al movimiento: el Grupo Médico por el Derecho a Decidir y La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. También participó la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (FECOLSOG).

Brechas de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)

La muestra de especialistas encuestados evidenció que la brecha de atención existe entre capitales y ciudades intermedias y pequeñas. El 84 % de los especialistas, subespecialistas o residentes ejercen su labor en ciudades capitales. Si bien, el 28 % de quienes atienden en ciudades grandes y el 30 % de quienes atienden en ciudades intermedias no están dispuestos a practicar la IVE en ninguna circunstancia, este porcentaje aumenta cuando se trata de ciudades pequeñas a 40 %.

El informe indicó que las brechas de atención están relacionadas con el régimen de causales que tenía Colombia. Este reglamentaba que el aborto era un delito excepto en tres ocasiones: cuando había una malformación genética, en caso de una violación y por riesgo de la salud de la madre. Esa lógica “dejaba en manos de la interpretación de los médicos la posibilidad de acceder, afectando de forma desproporcionada a la población más vulnerable en las regiones apartadas del país”, expuso Causa Justa.

El Movimiento Causa Justa hizo énfasis en que la objeción de conciencia se debe ejercer bajo los parámetros dispuestos por la Corte Constitucional en su más reciente fallo, “y de ninguna manera puede obstruir la solicitud de acceso a la IVE”.

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