“La procuradora y el presidente Duque han desafiado el sistema interamericano de derechos humanos.”: Daniel Quintero

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pidió medidas cautelares para evitar su destitución del cargo. El político aseguró este 23 de mayo que la Procuraduría y la Presidencia están haciendo presión para alejarlo del cargo y esto debe ser sancionado.

El político antioqueño se reunió con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington (Estados Unidos). En el encuentro radicó dos denuncias: una en la que señala que su destitución es un hecho, pues presuntamente la Procuraduría General así lo ordenó, y otra por amenazas contra su vida y la de su familia.

Quintero pidió que se le mantenga el esquema de seguridad mientras sigue suspendido del cargo. Así mismo, ratificó que hacerle seguimiento a este proceso garantizará que se respete el derecho de elección de los medellinenses que lo eligieron como alcalde en 2019.

Ante las solicitudes de Quintero, la CIDH solicitó pruebas adicionales para sustentar su caso. Se le indicó que actualmente no se están otorgando medidas cautelares en términos de derechos políticos, a menos que esté en riesgo la vida de quien lo solicita.

Se espera que Quintero entregue las pruebas adicionales antes de finalizar la semana. Hay que recordar que al político le urge que la CIDH se pronuncie sobre su caso. Incluso, en entrevista con Infobae Colombia aseguró que confía en esa instancia.

“Inician un proceso para destituir por otros mecanismos y para eso sabemos desde diciembre del año pasado habían unas reuniones de alto perfil con órganos de control, con el ánimo de sacarnos del cargo. Lo que acaba de ocurrir evidentemente es una violación a los tratados internacionales, por eso nuevamente vamos a ir a Washington a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creemos que tenemos serias opciones de obtener medidas cautelares”, dijo.

Hay que recordar que además de Quintero, el Instituto Anticorrupción, el Extituto de Política Abierta y la Fundación para la Paz y Reconciliación (Pares Colombia) también se pronunció acerca del caso. Le solicitó a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que se investigue y suspenda provisionalmente a Margarita Cabello Blanco, procuradora general de la nación, por la atribución que se tomó la entidad liderada por ella al imponer la sanción contra Quintero.

Según la queja disciplinaria redactada por estas tres organizaciones, que cargaron a su sitio web en un archivo titulado “Peinando a Cabello”, la Procuraduría General de la Nación “no tiene la competencia para restringir los derechos políticos del alcalde, pues esa competencia la tiene, exclusivamente, un juez de la República”.

Entre los argumentos que presentan estas entidades para su queja está el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, según la cual los funcionarios elegidos popularmente solo pueden ser destituidos por un juez penal. Además, el artículo 2 de la misma convención pide a los funcionarios “no excusarse en derecho interno para inaplicar un mandato convencional”.

Anotaron que ya existía el antecedente judicial de la suspensión contra el hoy candidato presidencial Gustavo Petro, fallado a su favor en 2020 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, anotaron que el nuevo Código General Disciplinario no es excusa para que la Procuraduría tome este tipo de decisiones, ya que este código ya está denunciado por desconocer ese fallo.

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