Por presuntamente haber exigido comisiones por contratos adjudicados en el país, el exsenador del partido Opción Ciudadana Antonio Correa fue llamado a indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El tribunal le abrió investigación por concusión e interés indebido en la celebración de contratos.
“Es evidente que en el presente asunto la exigencia de dinero que habría realizado el exsenador Correa Jiménez pervierte e instrumentaliza la figura del cupo indicativo, con el propósito de convertirla en fuente de provecho económico para sí mismo”, indicó la Corte Suprema en una decisión emitida este 23 de mayo.
El magistrado Francisco Farfán, que lleva el caso, indicó que entre 2016 y 2017, Correa tuvo a su disposición un cupo de recursos de cofinanciación de proyectos a través de Coldeportes que ascendía los 5.000 millones de pesos. No se reporta un problema con este hecho, pues, explican las autoridades, esta es una figura legal llamada ‘cupos indicativos’, el problema radica en que el exsenador abusó de su poder y el alcance de esta figura.
Correa empezó a pedir comisiones para adjudicar los contratos. Se indicó que la mayoría de los abusos se presentaron en proyectos ejecutados en la región Caribe. Estos no solo buscaba beneficiar al exsenador sino también a terceros.
“Exigir a cambio de ello, el pago de retribuciones económicas a los posibles contratistas, es decir, a las personas que estuvieran interesadas en ser seleccionada posteriormente, de manera amañada, para ejecutar las obras”, señaló la Corte.
Se resalta un caso relacionado a un contrato para construir un escenario deportivo en El Peñón (Magdalena). Este fue adjudicado al Consorcio El Peñón, integrado por el Grupo Empresarial Dicon SAS, Investment y Bussines Global SAS; VD & B Ingeniería, y José Miguel Cuéllar.
Para adjudicarlo, el excongresista exigió el 12 % del valor del proyecto, que estaba avaluado en 3.941 millones de pesos. Se indica que el contrato lo firmó el municipio, pero fue el político el que decidió quien lo ejecutaría.
“Fue el legislador imputado quien hizo el contacto inicial en Coldeportes ante sus directivas, para situar parcialmente una partida destinada a la inversión y el desarrollo regional, a favor del municipio de El Peñón”, dijo la Corte Suprema de Justicia.
El pago exigido por este contrato se habría hecho en tres partes: se indicó que al inicio Correa recibió unos 180 millones de pesos, después le giraron 35 millones y finalmente le dieron otros 100 millones.
Después de haber adjudicado este proyecto, buscó nuevos clientes, los que encontró en Lorica (Córdoba). Allí, supuestamente, también adjudicó para la construcción de escenarios deportivos: en concreto dos canchas, una en los corregimientos de Morales y otra en La Doctrina. El valor del contrato era de $1.566 millones, y se le adjudicó al Consorcio MDT 2018 de María Inés Pineda Contreras, conformado por la Constructora PC & PG SAS y Amado Miguel Ortiz. El excongresista había exigido que se le diera una comisión de 80 millones de pesos.
Para probar los actos de corrupción, quien era la asistente de Correa cuando era senador está colaborando con la justicia. La mujer tendría actas de reuniones y notas en las que el político acordaba los negocios ilegales. Así mismo, ella aceptó su responsabilidad en los hechos y por eso se comprometió a colaborar.
Se indicó que la Corte Suprema de Justicia ya envió copia de las declaraciones de la exasistente de Correa a la Sala de Instrucción del tribunal y con esto avanzará el caso.
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