MOE alerta riesgo electoral en el occidente de Antioquia por los factores de violencia de grupos armados

Este domingo, la Misión de Observación Electoral (MOE) alertó el riesgo electoral que viven los municipios del occidente del departamento de Antioquia. La información de la organización va de la mano con la alerta temprana que emitió la Defensoría del Pueblo el pasado 19 de mayo.

La MOE señaló a Blu Radio que hay 37 municipios del departamento en riesgo. “Son municipios que tienen riesgo tanto por factores de fraude como de violencia”, manifestó al medio de comunicación Verónica Tabares, coordinadora de la organización y recordó que la situación puede afectar el desarrollo normal de los comicios presidenciales el próximo 29 de mayo.

“En la subregión del Occidente de Antioquia, tiene que ver más con los factores de violencia dada la situación del paro armado y algunas afectaciones de orden público”, explicó la coordinadora. En ese sentido, es importante destacar que las Autodenfensas Gaitanisas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo, realizaron un paro armado del 5 al 8 de mayo que afectaron a 178 municipios en términos de vulneraciones a los derechos de la vida, la integridad física y la movilidad.

Tabares indicó al medio radial que, después de la violencia en el departamento, Antioquia se convirtió en un foco de alerta que en las elecciones al Congreso de la República no era tan extremo. De hecho, la MOE informó recientemente que “el período preelectoral de los comicios legislativos 2021-2022 se consolidó como el más violento de los últimos 12 años en Colombia” y recalcó que hubo un saldo de 581 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales antes de los comicios del pasado 13 de marzo.

La alerta temprana de la Defensoría

El pasado 19 de mayo, la Defensoría del Pueblo advirtió un aumento del riesgo en varios municipios de Colombia, especialmente por el incremento de las acciones violentas perpetradas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo.

Así lo alertó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante la entrega del Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana 04-2022. Según la entidad, de los 521 municipios en los que se viene adelantando un monitoreo permanente, 290 presentan un riesgo extremo y alto de vulneración a los derechos de la población, 16 más de los que se registraron durante el febrero pasado.

Camargo comentó que a pesar de los esfuerzos por parte del Estado, “las acciones violentas del ELN y el Clan del Golfo (...) ocasionaron que desde nuestro Sistema de Alertas Tempranas se aumentara el número de municipios con riesgo extremo y alto”, afirmó el defensor del Pueblo.

Dentro de los departamentos en los que se registra el mayor número de municipios con riesgo extremo son Cauca con 16; Nariño (14); Chocó (9); Norte de Santander (8); Antioquia (7), le siguen Bolívar y Caquetá (6); Arauca y Tolima (4); Putumayo y Valle del Cauca (3); Huila (2), Meta y Magdalena (1).

A su vez, los departamentos con mayor número de municipios en riesgo alto son: Antioquia con 30; Sucre (16); Valle del Cauca y Magdalena (12); Bolívar, Boyacá, Nariño y Meta (11); Chocó y Norte de Santander (10); Atlántico (9); Córdoba y Cesar (7); Huila y Cundinamarca (6); Cauca, Caldas y Risaralda (5); Putumayo, Guaviare y Casanare (4); Vaupés (3); Vichada y Arauca (2); y Caquetá, Tolima, Amazonas y Bogotá, con un municipio cada uno.

El informe evidenció que entre febrero y mayo se pasó de 79 a 84 municipios en riesgo extremo y de 195 a 206 municipios con riesgo alto de vulneraciones de los derechos humanos de las comunidades. La razón detrás de este incremento es la misma que señaló la MOE: el paro armado del Clan del Golfo después de que extraditara a su jefe máximo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.

El documento también reconoció la creciente influencia de las agrupaciones armadas ilegales, que han presentado un aumento en su presencia y acciones violentas en los territorios. Los grupos al margen de la ley buscarían el control territorial y el manejo de las economías ilícitas como el narcotráfico, microtráfico, minería ilegal, extorsión, y ‘gota a gota’.

La Defensoría recomendó a las instituciones municipales, departamentales y nacionales adoptar medidas extraordinarias para la protección de las comunidades que se encuentran en riesgo. A su vez, solicitó implementar estrategias de inteligencia que permitan garantizar la seguridad durante las elecciones presidenciales que se realizarán el 29 de mayo.

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