En la tarde de este viernes 20 de mayo Blu Radio publicó apartes de un comunicado que le envió el Partido Comunes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que le manifiestan su preocupación por el borrador del Conpes que está preparando el Gobierno de Iván Duque, sobre los lineamientos de las sanciones para los exguerrilleros y medidas de reparación a las víctimas. Según el secretariado, en este documento no se tuvieron en cuenta las propuestas de los excombatientes.
En el pronunciamiento, los miembros de la antigua guerrilla de las Farc precisaron que dicho Conpes, “desconoce a la JEP, limita la autonomía judicial y la efectividad de las decisiones del tribunal de paz, abre la puerta a la injerencia del ejecutivo en este proceso y omite temas centrales para el componente restaurador, como la articulación con los procesos de reincorporación, la presentación de proyectos de sanción por parte de comparecientes y la participación de víctimas”.
En la carta enviada al presidente de la justicia de paz, Eduardo Cifuentes, que fue conocida por el medio de comunicación, los firmantes del Acuerdo Final de Paz, afirmaron que el Gobierno nacional tendría intenciones de influir en el tema de las sanciones: “Una posible regulación abriría la posibilidad para que el Congreso o el ejecutivo, mediante decreto, reformen la JEP y con ello la integridad del acuerdo, esto pone en riesgo la seguridad jurídica de los firmantes”, aseguraron.
Blu Radio también confirmó que personas que trabajan en la Justicia Especial de Paz dieron fe de la existencia de este borrador del documento Conpes que prepara el Gobierno del presidente Duque. Sin embargo, aclararon que se trata de una serie de recomendaciones para que entre el gobierno y la JEP se garantice el cumplimiento de las sanciones a quienes se acojan a la Justicia Especial de Paz.
Es de anotar que los próximos 31 de mayo, 2 y 6 de junio se llevarán a cabo las audiencias en las que participarán los excombatientes y un grupo de víctimas en el Caso 01, “Retenciones ilegales realizadas por parte de las FARC-EP”, y en donde se expondrán las acciones que realizó el antiguo secretariado en este crimen de lesa humanidad.
En los últimos días, la JEP aclaró que aún no se ha cerrado la convocatoria de participación de las víctimas para las audiencias, después de que familiares de los diputados del Valle denunciaran que no habían sido citados a estas diligencias.
Cifras de la justicia transicional señalan que los miembros del antiguo secretariado de las Farc son responsables de más de 21.000 secuestros, durante el conflicto armado en Colombia. El Caso 01 es el más avanzado de los siete macrocasos que estudia ese alto tribunal sobre crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por las Farc y fuerzas del Estado, así como algunos terceros involucrados.
Los responsables de estos hechos son los antiguos miembros del secretariado que están sometidos a la JEP: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. La responsabilidad individual varía según los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado.
En este macrocaso, abierto en julio de 2018, hay acreditadas 2.107 víctimas, 394 de ellas integrantes de la fuerza pública, y se han documentado no solo los secuestros realizados por la guerrilla sino también vejámenes vinculados como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.
En el encuentro nacional por la Verdad, ‘Verdades que liberen’, realizado por la Comisión de la Verdad el 23 de junio de 2021, por primera vez exintegrantes de las Farc reconocieron la práctica masiva, prolongada y extendida del secuestro en todo el país, y sus impactos ante las víctimas.
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