La última semana ha sido vertiginosa para el alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina, pues un funcionario de su administración entró en el ojo del huracán por sus polémicas en relación al sargento retirado Alexander Chala. El controversial personaje es el secretario de Seguridad, Carlos Soler Parra, quien es señalado por la presunta vinculación con exmilitares que han estado implicados con casos de ilegalidad en el país, tales como perfilamiento y los denominados falsos positivos.
L. En la agenda aparece un teniente y un coronel, además del coronel retirado Leonardo Barrero, quien fue salpicado por alias ‘Otoniel’ previo a su extradición. La mayoría de estos contratos están bajo la condición de prestación de servicios.
Los contratos
Carlos Javier Soler Parra es coronel retirado del Ejército Nacional, sin embargo, gracias a sus estudios, desarrolló competencias que hoy le permiten ejercer el cargo como secretario de Seguridad en la capital vallecaucana, quizá este podría ser un puente principal para buscar la asesoría de exmilitares para su dependencia.
Uno de los contratos revelados es el del teniente en retiro Diego Alberto Bareño Suarez, quien fue condenado por el homicidio de dos personas en San Javier de Ciénaga, Magdalena en 2001. Las dos victimas respondían al nombre de Wilmer Pacheco Becerra y Benicio Blandón Castañeda y fueron presentadas como militantes de las extintas FARC-EP. Inicialmente la condena que se le imputó a Bareño fue de 30 años de prisión por el delito de homicidio a persona protegida, y, no obstante, al día de hoy, ejerce como asesor de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali.
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Blu Radio pudo conocer el contrato de Bareño, que tiene como objeto:
“Prestación de Servicios Profesionales en Ciencias Militares en la Subsecretaria de Política de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Justicia, dentro del proyecto denominado: Implementación de Estrategia Intersectorial de Erradicación del Microtráfico en los Entornos de las Instituciones Educativas en Cali”.
Dicho contrato tiene una duración aproximada de cinco meses y va hasta el 30 de junio de 2022, cuyo valor es de $25.270.000 en total, es decir $5.054.000 mensuales. A pesar de estar contratado, el proceso en contra de este exmilitar ha sido extenso en la Jurisdicción Especiar para la Paz (JEP), la cual en reiteradas ocasiones ha rechazado las peticiones de esclarecimiento de este caso por parte de la defensa de Bareño, mediante la decisión “AUTO QUE RECHAZA IN LIMINE”, situación que eventualmente lo podría inhabilitar para contratar con el Estado.
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Otro de los nombres tenidos en cuenta es el del coronel en retiro Juan Esteban Zapata Cifuentes, quien fue jefe de la Brigada número 1 de Inteligencia del Ejército Nacional y agregado de la Embajada de Colombia en Washington hasta el 2020. Su destitución de aquel cargo tiene que ver con el escandalo de las chuzadas a personajes públicos, incluyendo periodistas y políticos. Sin embargo, a pesar de contar con dicho prontuario, Zapata Cifuentes fue contratado para encargarse del diseño de estrategias que disminuyan el delito en la capital del Valle del Cauca.
Estas revelaciones se dan después de la denuncia del concejal Fernando Tamayo, en donde pide que desde los entes de justicia se investigue la situación que vincula a Carlos Soler con otros exmilitares investigados por diferentes delitos.
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