Condenada exsuperintendente por recibir sobornos para beneficiar EPS investigadas

La exsuperintendente delegada para la supervisión institucional de la Superintendencia Nacional de Salud Eva Katherine Carrascal Cantillo fue condenada a seis años y ocho meses de prisión, una multa por casi 800 millones de pesos y una inhabilidad de por vida para ejercer cargos públicos, por haber recibido sobornos de EPS investigadas por la entidad.

Un juez penal del circuito de Bogotá concluyó que Carrascal es culpable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho impropio, prevaricato por omisión, utilización indebida de información oficial privilegiada, falsedad en documento privado y asesoramiento, entre otras actuaciones ilegales.

Además, Carrascal firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación para colaborar con la justicia, de modo que aceptó los cargos —aunque los había negado en un principio, antes de ceder por el peso de las evidencias—.

Carrascal ocupó este cargo del 7 de abril de 2015 al 23 de enero de 2018. La investigación en su contra mostró que se dejaba sobornar a cambio de alterar decisiones tomadas por la Supersalud, además de aprovechar su poder y la información privilegiada que manejaba para su propio beneficio y el de entidades sujetas a vigilancia por su mal uso de los recursos de la seguridad social. Dichas entidades estaban ubicadas en Boyacá, Cauca, Casanare y La Guajira. También estuvo involucrada con una asociación indígena que operaba en Sucre y Córdoba.

En una oportunidad, la EPS Asmet Salud sería sometida a un operativo de inspección y vigilancia que seguramente terminaría en un concepto de inviabilidad, ya que atravesaba una crisis financiera. Entonces, Carrascal puso en aviso a Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, entonces representante legal de la entidad, sobre los requisitos y exigencias que se evaluarían. A cambio, recibió 300 millones de pesos.

La exfuncionaria habría recibido un primer pago de $50′000.000 en diciembre de 2017, y el excedente de $250′000.000 en enero de 2018. En ese mismo mes, la Superintendencia de Salud emitió la resolución de reorganización que le permitió a Asmet Salud seguir en funcionamiento. Aguilar ya fue judicializado por estos hechos.

Además, Carrascal ofreció información a cajas de compensación familiar e instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) para que superaran la misma revisión, para lo cual alistaban planes de mejoramiento y reorganización. Finalmente, agilizó los trámites de pagos a EPS que estaban bajo vigilancia.

Con estas gestiones alcanzó a reunir 700 millones de pesos en sobornos. Además, según la investigación, la exsuperintendente recibió un apartamento avaluado en $1.440 millones, comprado con fondos de Aser Salud, Clinical Corporation y G3. El apartamento está ubicado en un exclusivo sector de la ciudad de Bogotá y forma parte del condominio Bosque Residencial La Reserva.

La Procuraduría ya le había impuesto una sanción por los mismos hechos. Según el organismo de control, mientras la funcionaria estuvo en el cargo, su patrimonio personal tuvo un ascenso considerable e injustificado: llegó a recibir $145.391.060 de más, situación que la misma funcionaria no pudo explicar en las audiencias del proceso disciplinario que se abrió en su contra.

El fallo de aquel entonces la dejó por fuera de cualquier cargo público durante 20 años de su vida. “Los actos de corrupción en que incurrió la investigada destrozaron la sujeción que tenía con la ley como fundamento, límite y legitimidad de su actuación, y socavó los cimientos que orientan la función pública y el interés general que debe perseguirse por todo servidor público en desarrollo de la misma”, señaló la Procuraduría en mayo de 2021.

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