MinTic se opondrá al preacuerdo al que llegó Emilio Tapia con la Fiscalía en el caso de Centros Poblados

Para este viernes 20 de mayo se tiene previsto que la Fiscalía General de la Nación presente el preacuerdo al que llegó con los contratistas Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde, por el contrato firmado entre el Ministerio de Tecnologías y las Comunicaciones (MinTic) y Centros Poblados.

Uno de los puntos importantes que se exponen en el preacuerdo es que, presuntamente, los contratistas devolverán los 70 mil millones de pesos de los que se apropiaron, y que iban a ser destinados para la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en 16 departamentos del país. Durante la misma diligencia se presentará el escrito de acusación en el que se advierte que tanto Tapia como los otros procesados, deberán responder por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal por los hechos que rodearon la entrega de dicho anticipo.

Las regiones en las que se debía adelantar este proyecto eran: Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

Sin embargo, se conoció que MinTic se opondrá públicamente a la presentación de este preacuerdo que se construyó entre la Fiscalía General de la Nación y los contratistas, al considerar que no se puede tener en cuenta la supuesta inversión y compra de equipos que no fueron instalados y menos aceptar que esos equipos se entreguen como parte de la reparación. Esta postura también la apoya la Procuraduría General, que resaltó que los procesados deben devolver 74.000 millones de pesos, pues esta sería la cifra real que se entregó como anticipo.

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En las investigaciones realizadas por el ente acusador, que serán presentadas en el escrito de acusación al juez 40 de conocimiento de Bogotá este viernes, se puede concluir que existió falsificación de las actas y pólizas de seguros, para poder cumplir con los requisitos exigidos para participar del proceso licitatorio que adelantaba el Gobierno nacional a través del Ministerio de las TIC.

La Fiscalía encontró que debido a la falsificación de este tipo de documentos, los funcionarios del MinTIC se equivocaron y se afectó el objetivo de la licitación que buscaba la conexión a internet en estas zonas del país. Para ello, avanza de manera articulada con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para detectar las cuentas que recibieron los dineros del anticipo entregado a la Unión Temporal Centros Poblados 2020.

En este trabajo llevado a cabo por peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) lograron interceptar conversaciones telefónicas, chat de WhatsApp, al igual que documentos de reserva. Los funcionarios siguen con la investigación para saber si los procesados entregaron esa suma de dinero en bancos del país o del exterior.

Es de anotar que en las diligencias previas, Emilio Tapia no aceptó la imputación de cargos que le realizó la Fiscalía General por este mismo caso. Esta diligencia se reveló que el contratista, quién ya fue condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, se apropió de más de 6 mil millones de pesos del millonario anticipo para comprar lujos y excentricidades.

En su declaración entregada en marzo, Tapia dijo que había confiado en la palabra de Juan José Laverde, quien le habría asegurado que conseguiría las pólizas de cumplimiento. No obstante, faltando poco tiempo para que se cumpliera el plazo de entrega de requisitos, Laverde “le quedó mal e intentó solicitar un plazo adicional a MinTIC, pero la cartera no lo concedió”.

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