“Las comunidades de Buenaventura están en condiciones de indignidad por cuenta de la desatención del Estado”: Comisión de Justicia y Paz

Una misión humanitaria convocada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Juntanza Interétnica, Social y Popular de Buenaventura visitó desde el 15 al 18 de mayo la zona urbana del distrito y la área carreteable del Bajo Calima, con el objetivo de obtener insumos para el eje humanitario de su labor y crear una propuesta regional, interétnica y de articulación de mecanismos concretos de autoprotección en medio del conflicto armado para estas comunidades.

A través de un comunicado, las organizaciones que hicieron parte de esta misión aseguraron que les preocupa las afectaciones a los territorios y a las comunidades de esta zona del país. “Nuestro compromiso es con la vida, la dignidad, libertad y la paz en los territorios. Es claro que en la guerra ante todo mueren los pobres, sean civiles víctimas o combatientes. Por eso seguiremos buscando e impulsando soluciones a través del diálogo”, aseguraron.

Según la comisión, las comunidades negras e indígenas están en condiciones de indignidad, por cuenta de la desatención del Estado colombiano. Durante su vista a esta zona del pacífico colombiano, los delegados pudieron detectar que estas personas viven hacinadas, con insuficientes alimentos, sin garantía efectiva y adecuada de los derechos a la salud y educación y con una parte de la población durmiendo en el suelo sin la precaria respuesta institucional.

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Otro de los hallazgos presentados en el comunicado de este 20 de mayo, que resumen esta visita y tuvo el acompañamiento de observadores internacionales, da cuenta de la situación de mujeres, hombres, niños, niñas y jóvenes revictimizados y en alto riesgo por la presencia y control territorial de actores armados, al punto que la población desplazada está confinada en la zona urbana.

“Una parte de la población desplazada ha sido señalada, estigmatizada y hostigada en los “albergues”, sin que se hayan implementado medidas efectivas de protección”, se puede leer en el comunicado.

Los observadores afirman que estos lugares denominados como “albergues” no tienen las mínimas condiciones para garantizar el derecho fundamental al mínimo vital. “Las instituciones del Estado y del gobierno siguen sin reconocer a la autoridad étnica, lo cual además de una vulneración de derechos en sí misma, hace imposible avanzar en un proceso de restablecimiento y goce efectivo de los mismos”.

Respecto a la reparación de las víctimas del conflicto armado de estas comunidades, la misión humanitaria encontró una situación generalizada y sistemática de incumplimiento y desacato de múltiples decisiones judiciales. “Como ejemplo, en la visita al Consejo Comunitario de la Esperanza constatamos daños ambientales, compra y venta ilegal de territorio, invasión con ocupantes de mala fe. hay preocupación por los cultivos de uso ilícito y minería que afectan el territorio y su propuesta de conservación ambiental, se le suma las amenazas a líderes y lideresas por exigir el cumplimiento de la medida cautelar”.

En otra de las advertencias expuestas en la comunicación se expone la situación en la que se encuentran las comunidades negras del Consejo Comunitario del Bajo Calima. “La mayor parte de esta población está desplazada a la fuerza de su territorio. Las pocas familias que permanecen están confinadas y atemorizadas por la agudización del conflicto”.

Entre sus recomendaciones al Estado colombiano para combatir esta situación, las ocho organizaciones firmantes aseguran que la militarización no es la solución a la problemática de la región y ponen de ejemplo el caso del pueblo de Colonia: “Un pueblo militarizado, una población confinada en medio del Estado sentimos que “‘el pánico, el terror y el miedo se respiraba en el aire’”, afirman.

El documento finaliza con una serie de recomendaciones al Estado colombiano y sus instituciones. En primer lugar piden que se declare la emergencia humanitaria en el distrito de Buenaventura, tanto en su zona urbana como rural. Además de que se active la ruta de atención integral y diferencial en las comunidades confinadas y desplazadas, y sobre todo, se implemente integral y efectivamente el Acuerdo de Paz, en especial el capítulo étnico.

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