La ANI deberá socializar los aspectos ambientales y sociales que implicarán la restauración del Canal del Dique

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) deberá socializar los componentes ambientales y sociales que implicarán la restauración del Canal del Dique, debido a que las comunidades de esta región del Caribe colombiano han manifestado su desconocimiento frente a los impactos del proyecto y aspectos como las especificaciones de los planes de manejo medioambiental.

Así lo informó la Procuraduría General de la Nación luego de realizar una serie de reuniones con organizaciones de agricultores, pescadores artesanales y pobladores de las comunidades ribereñas aledañas al canal en los municipios de Santa Lucía, departamento del Atlántico, y Arjona, departamento de Bolívar, el pasado 24 y 25 de marzo, en los que se acordó crear un documento en el que se transmitieran inquietudes y requerimientos a la ANI.

“El órgano de control transmitió los planteamientos presentados durante las mesas de trabajo y pidió dar respuesta clara y oportuna a los interrogantes en temas como la eventual sedimentación o desaparición de las ciénagas, el manejo de las compuertas, las campañas de monitoreo de pesca, la seguridad alimentaria, la situación de los manglares, la proyección de inundaciones, entre otros”, señaló el Ministerio Público.

A su vez, señaló que en la comunicación, que fue enviada a la agencia, se advertía que los pobladores que habitan en las localidades aledañas al Canal del Dique, han reiterado en la necesidad de aclarar algunos puntos de este proyecto que busca contener las aguas del río Cauca que periódicamente se desbordan en este sector, el cual dejó 120.000 damnificados hace diez años por la ruptura de un tramo.

Asimismo, el Ministerio Público pidió garantías de participación para conocer el detalle de este proceso de reconstrucción, a la vez, solicitaron que el personal para la obra sea de la región de influencia, con el propósito que les den a conocer los planes para el sometimiento de quienes no podrán llevar a cabo sus actividades habituales, y que se vigilen las esclusas y compuertas para que se permita el tránsito por el río.

“Por tanto, la Procuraduría y la Defensoría pidieron considerar todo lo enunciado en el documento, con el fin de asegurar y garantizar el goce y disfrute efectivo de los derechos humanos, fundamentales y colectivos que puedan ser amenazados y/o vulnerados a las comunidades dentro del área de influencia del proyecto Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”, señaló el órgano de control.

Por último, se le exigió a la ANI definir las fechas y los municipios en los que se llevarán a cabo las respectivas socializaciones y de esta manera respondan las dudas expresadas por los habitantes de esta región en las mesas de trabajo junto a la Procuraduría.

El 30 de noviembre de 2010 los altos niveles del río Magdalena provocaron la rotura del Canal del Dique. El desbordamiento del agua provocó inundaciones en Santa Lucía, Campo de la Cruz, Manatí, Suan y Repelón, al sur del Atlántico. Tras las inundaciones se registraron más de 120 mil damnificados y se perdieron 35 mil hectáreas de tierras fértiles. Todos los afectados tuvieron que permanecer más de un mes en los 90 albergues habilitados en los colegios del Atlántico.

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