La compleja situación económica que tiene a Justo y Bueno contra las cuerdas sugiere un largo debate que, hasta el momento, no ha sido resuelto. Recientemente, quienes están a cargo de la compañía le pidieron a sus empleados reabrir las tiendas, sin embargo, los trabajadores decidieron no seguir esta orden al darse cuenta de que las condiciones de pago no serían las prometidas previamente. Ahora, los trabajadores de la compañía piden la liquidación de la empresa, para ellos, el negocio está lejos de ser rescatable.
“Al ver este cambio nosotros tomamos la decisión de no apoyar más el proyecto de atender en las tiendas. Definitivamente, deseamos que la empresa entre en liquidación, ya que esto ha sido un calvario para los trabajadores”, comentó el presidente del sindicato de trabajadores César Higuita. Les habían prometido que les iban a pagar, con dinero de caja, lo equivalente a los días que trabajaran, de acuerdo con lo que ganaban, sin embargo, luego les dijeron que ganarían poco más de 30.000 pesos por persona, una cifra que, para ellos, no era coherente con lo pactado.
Los empleados que acataron la norma tuvieron, además, que solucionar por sus propios medios las falencias de las sedes. Por ejemplo, en el barrio Britalia Norte, los empleados tuvieron que arreglar las estanterías y tratar de hacerlas ver llenas usando los pocos productos que tenían a mano. El espacio, además, tenía el vidrio de la fachada rota.
Es de recordar que Justo y Bueno, para el momento, está en liquidación suspendida y a la espera de una oferta de proveedores que quieran salvar el proyecto. Lo que se espera, también, desde la Superintendencia de Sociedades, es la una notificación que demuestre que la empresa no tiene patrimonio. Solo así es que se empezarían a recibir propuestas para rescatar la empresa.
De acuerdo con información que divulgó La República, dos de los acreedores de la compañía estarían interesados en entregar dinero a la empresa para rescatarla de la crisis. Uno de ellos es Marco Monroy, CEO de MGM Sustainable Energy, y el otro es Alfonso Giraldo Castro, gerente en Lobbying Consulting.
En días pasados, a su vez, se supo que el juez encargado de resolver el tema de la herramienta de salvamento, falló a favor la solicitud de dar aplicación al artículo 6 del Decreto 560 de 2020. Comentó que se suspendían los efectos de la liquidación judicial, “salvo el nombramiento del liquidador, la cesación de funciones de órganos sociales, la separación de los administradores y el decreto de medidas cautelares, hasta tanto se resuelva la aprobación o no de tal operación”. La entidad, en medio del proceso, otorgó el título de liquidador a Darío Laguado Monsalve. Se reportó un activo de $869.000 millones.
El 10 de mayo, el apoderado de Mercadería S.A.S (Justo & Bueno), Nicolás Polanía, le solicitó a la Superintendencia de Sociedades comenzar el proceso de liquidación judicial en contra de la empresa, luego de no recibir el dinero que iba a entregar el fondo chino JF Capital, que se comprometió a salvar la compañía. “Comedidamente informo al Despacho que durante el horario de oficina del 10 de mayo de 2022, y hasta la hora en que se radicó este escrito, no se produjo ingreso de recursos a las cuentas de Mercadería S.A.S. ni se recibió noticia de que algún tercero hubiera hecho pagos de gastos de administración a cargo de esta compañía”, se puede leer en el comunicado.
“Éramos un startup de alto crecimiento y requeríamos una última inyección de recursos para cubrir capital de trabajo antes de empezar a acumular caja. A esto se sumaron las restricciones de circulación durante el primer año de pandemia, los cierres de tiendas y el estallido social de 2021, los cuales limitaron el acceso de la inversión y produjeron un deterioro en nuestra situación de liquidez que afectó la capacidad de pago y la confianza de nuestros proveedores. Esto se tradujo en un desabastecimiento y caída de más de 9 4% en ventas”, comentó, a Portafolio, Michel Olmi, dueño de Justo & Bueno.
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