Radican proyecto de ley que busca sanciones a quienes incumplan las promesas de campaña

La iniciativa fue presentada por el representante a la Cámara del Centro Democrático, Enrique Cabrales, con el propósito de acabar con el populismo en el país

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Congreso de la República de
Congreso de la República de Colombia, Sergio Acero (Colprensa)

Este 18 de mayo radicaron un proyecto de ley en el Congreso de la República que pretende establecer sanciones a los funcionarios elegidos por voto popular que no cumplan lo que prometieron en campaña. La iniciativa fue presentada por, Enrique Cabrales, el representante a la Cámara del Centro Democrático quien aseguró que así se creará una figura de “indignidad democrática”.

La noticia la conoció en exclusiva revista Semana y obtuvo fragmentos del proyecto de ley. Allí se establece que los funcionarios que incumplan con su campaña serán sancionados con la cancelación de su candidatura y la expulsión del proceso electoral, en tal caso de no haber sido elegido. “Será democráticamente indigno aquel candidato que incurra en prácticas demagógicas o engañe al electorado para hacerse al poder”, explicó Cabrales.

“La declaratoria de indignidad democrática tendrá como consecuencia la cancelación de la inscripción de la candidatura, la expulsión inmediata del proceso electoral en el que participa y la inhabilidad para ejercer cargos públicos de elección popular por cinco años”, indica el documento.

Enrique Cabrales manifestó que la medida hará que no haya más populismo ni promesas sin cumplir. “Los colombianos merecen dirigentes con planes de gobierno y proyectos reales, sustentables y que se puedan ejecutar”, puntualizó el congresista.

Es importante señalar que la iniciativa no solo vincula al presidente de la República, teniendo en cuenta el panorama electoral actual, sino que también aplicaría para los gobernantes regionales y mandatarios locales elegidos por el voto popular. En ese sentido, Cabrales especificó que la medida contempla la creación de comités de seguimiento a los programas de Gobierno, planes de desarrollo y promesas de campaña electoral, los cuales determinarían si se incurre en el populismo y se le incumple al país.

“Queremos que todo lo que se prometa y todo lo que se diga en campaña, se pueda realizar, tenemos que comenzar a acabar con las falsas promesas que le hacen al pueblo colombiano. Aquí hay que prometer lo que se pueda cumplir”, expuso Cabrales haciendo referencia a que los planes de Gobierno deben tener un sustento para que sean realizables a la hora de llegar al cargo.

Cabe recordar que este proyecto de ley aún no ha sido debatido; sin embargo, esta semana se han conocido otras iniciativas como la Ley de Cuotas, que ya pasó el primer debate en la Sala Primera del Senado de la República.

Ley de Cuotas: aprueban la paridad de género para altos cargos administrativos

La iniciativa fue impulsada por la senadora de Alianza Verde Angélica Lozano, quien propuso aumentar la cuota de mujeres en altos cargos del poder administrativo de un 30 a un 50 %, la cual está estipulada en la Ley 581 de 2000.

La ley fue aprobada en primer debate con 15 votos a favor y cero en contra. El articulado establece que de incumplirse la norma, “será sancionada con suspensión hasta de 30 días en el ejercicio del cargo, y con la destitución del mismo, en caso de persistir en la conducta, de conformidad con el régimen disciplinario vigente”.

La senadora expuso en la Comisión Primera que cuando se determinó ese 30 % no se contemplaba la importancia de las mujeres en los espacios de poder. “La igualdad es una lucha que hemos caminado durante muchos años, hay evolución, avances y logros. Mucho por reconocer y celebrar y también mucho por enmendar, acelerar y hacer mejoras”, puntualizó Lozano.

Asimismo, recordó que se han presentado varias iniciativas para cumplir con la paridad de género, desde el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y la misma administración actual. De hecho, el Gobierno de Iván Duque había implementado una meta de un “45 % de participación de mujeres en el nivel decisorio — explicó Angélica Lozano —. En la realidad y la práctica hemos visto que no se ha cumplido”.

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