Obras de arte y carros, en lo que Emilio Tapia se gastó parte de los 70 mil millones de Centros Poblados

Según la Fiscalía, el ‘zar de la contratación’ y sus socios se apropiaron de cerca de 15 mil millones de pesos que estaban destinados al contrato de conectividad para escuelas rurales del país, los cuales fueron gastados en ‘excentricidades’

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Emilio Tapia será trasladado a
Emilio Tapia será trasladado a Bogotá. Foto: Colprensa.

El escándalo por los 70 mil millones del contrato del Ministerio de las TIC y Centros Poblados ha causado indignación en todo el país y, en las últimas horas, la Fiscalía reveló la parte de dinero que se quedó Emilio Tapia Aldana y en lo que se lo habría gastado. Sin embargo, cabe resaltar que anteriormente se había declarado inocente de los cargos que le imputó el ente acusador por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado, así como del último cargo por peculado por apropiación.

Ese último cargo lo presentó la Fiscalía ante el Juzgado 34 de Control de Garantías de Bogotá por las irregularidades que se han seguido encontrando en medio de la investigación por el escándalo de corrupción. Emilio Tapia, desde septiembre del 2021 fue recluido en prisión intramural, en la cárcel La Picota; sin embargo, algunas revelaciones sobre cómo organizaba fiestas con grupos musicales, licor y uso de celulares dentro del centro de reclusión obligaron a trasladarlo al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Picaleña, en Ibagué, donde permanece actualmente.

La Fiscalía informó recientemente que los resultados de las investigaciones arrojaron que, de los 70.000 millones de pesos que se perdieron en medio del contrato que pretendía llevar internet a escuelas ubicadas en zonas rurales, el abogado se apropió de un total de $6.182′651.043, los cuales invirtió en varios lujos.

Lo que descubrió el ente investigador es que “Emilio Tapia realizó pagos por concepto de compra de vehículo, obras de arte, vuelos, pago a tercero y préstamos personales”, según reveló el fiscal del caso ante el juez. Detallaron desde la Fiscalía que evidenciaron el pago de dádivas o coimas por parte de Tapia a varios de sus socios, entre ellos, abogados que fueron los encargados de revisar el contrato entre el MinTIC y la Unión Temporal Centros Poblados.

Por ejemplo, para la Fiscalía fue Tapia el que presuntamente habría girado 1.118 millones de pesos a los dueños de las compañías que facilitaron la creación de la unión temporal y que finalmente se quedaron con el contrato gracias a su prestigio, movimientos que se hicieron en dólares enviados hacia Miami, Estados Unidos. Sin embargo, se conoció también que el abogado realmente había ofrecido el pago 4.000 millones de pesos a estas personas, pero la Fiscalía por ahora solo evidencia el giro de los primeros 1.118 millones; es por esto que la Fiscalía también indicó que Tapia engañó a las personas encargadas de la licitación.

Detallaron que, con el excedente, es decir con 5.063 millones de pesos, el ‘zar de la contratación’ -como es conocido el abogado- procedió a darse lujos personales. Lo que descubrió la Fiscalía es que Emilio Tapia, después de recibir su parte de los 70 mil millones, realizó compras millonarias para gastos personales como el pago de obras de arte, tiquetes aéreos y vehículos de alta gama; todo con dinero que debía destinarse a llevar el servicio de internet a 7.000 escuelas rurales en departamentos como Putumayo, Quindío, Chocó, Magdalena, Nariño, Arauca, Amazonas, entre otros.

Finalmente, el ente acusador señaló que, entre Tapia y sus socios se apropiaron de 15 mil millones de pesos del contrato, los cuales fueron gastados en “excentricidades”; mientras que el resto del dinero fue destinado a los insumos del contrato de conectividad que fracasó.

Por su parte, Tapia no aceptó los cargos, en el caso que le costó el puesto a la ministra de esa cartera, en ese entonces, Karen Abudinen. Al parecer, se presentó un grupo de empresas, los cuales ‘cumplieron con los requisitos de la licitación’, pero en ninguna de ellas se vincula su nombre, por lo que no tendría una participación real en el contrato.

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