Jueces penales de Bogotá se mostraron preocupados por regreso a la presencialidad: “El modelo ha caducado”

Ya se han anunciado apoyos en el Senado para mantener la virtualidad en todas las ramas judiciales. Se espera la decisión en el último debate

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Audiencia del caso Reficar en
Audiencia del caso Reficar en el Complejo Judicial de Paloquemao (Colprensa - Camila Díaz)

En el Congreso de la República da trámite una iniciativa para mantener la virtualidad de la justicia implementada durante la pandemia, en el que los jueces han insistido porque consideran que el uso de las herramientas digitales ha mejorado el avance de los procesos en las diferentes ramas. Sin embargo, en el penúltimo debate, la Cámara de Representantes decidió excluir a la justicia penal que, de aprobarse el proyecto tal como está, volvería a la presencialidad desde el 1 de julio.

En ese sentido, los juzgados civiles, administrativos, laborales entre otros podrían decidir cómo adelantar sus procesos y audiencias, bien de manera física y presencial o virtual. Mientras que los procesos penales tendrían que regresar presencialmente en un mes.

Los y las jueces penales municipales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá manifestaron que no están de acuerdo con la decisión y a través de un comunicado expresaron su preocupación por “el futuro de la administración de justicia en el Distrito Capital si el Congreso no nos otorga herramientas adecuadas para su funcionamiento”.

Los jueces con funciones de control de garantías de Bogotá manifestaron que desde que inició el confinamiento por la pandemia de covid-19 hace más de dos años, decidieron mantener la justicia operante y se adaptaron a nuevas formas de adelantar los procesos tanto sus recursos jurídicos como propios.

“Un resultado paradójico de ese ejercicio fue notar que, ante las falencias de los edificios judiciales (carentes de suficientes salas de audiencias, de difícil acceso para la ciudadanía bogotana, con medios de conexión limitados y muchas veces inseguros por su ubicación y su poca protección), el trabajo a través de videoconferencias y mensajes de datos hizo más fácil la gestión judicial”, sostuvieron en su pronunciamiento.

Consideran que a raíz de esas nuevas herramientas, han logrado realizar más audiencias que antes porque ya no requieren de la disponibilidad, ni siquiera de traslados a otras ciudades y oficinas. Además, que ha permitido que el sistema judicial se digitalice y modernice.

Dos años después, podemos afirmar que carece de sentido retornar a un modelo que ha caducado. Aunque habrá casos en los que resulte indispensable convocar audiencias en salas físicas, que es algo que cada juez debe corroborar, estamos convencidos de que pretender que la alta demanda de justicia penal se maneje presencialmente como regla general, a pesar de la poca disponibilidad de salas, los precarios recursos del sistema carcelario para el traslado físico de personas. detenidas y el incremento del riesgo de fracaso de las convocatorias por problemas logísticos, es insensato”, aseguran.

Desde los jueces penales municipales, solicitaron al Senado de la República para que elimine el artículo implementado en la Cámara sobre la exclusión de la justicia penal de la implementación de las herramientas TIC, lo que llevaría que haya una conciliación posterior a la aprobación del texto.

Fue el Decreto 806 de 2020 el que estableció las herramientas de la justicia virtual, pero este se vence el 1 de julio. Para mantener el uso de TICs en la justicia, se radicaron iniciativas que mantengan el decreto, ahora por ley, con el clamor de los entes judiciales.

Todo avanzaba con normalidad, hasta este martes cuando la Cámara de Representantes aprobó una decisión para excluir a la justicia penal de ese posibilidad, a raíz de un llamado de la Corte Suprema de Justicia que señaló que “el proceso penal no es el proceso laboral o civil, sino que tiene que ver con las garantías y libertades humanas”, por lo que el juez debe ser el que decida cómo adelantar las audiencias.

“Como senadora presenté el proyecto de justicia digital que incluía la virtualidad para todas las jurisdicciones; incluida la justicia penal militar. El Estado ahorraría millones por cuenta del traslado de presos que dificultan incluso la celebración de las audiencias”, sostuvo la senadora María Fernanda Cabal.

La proposición fue aceptada con 91 votos contra 20 y tendrá pasó a su última discusión en el Senado. Allí, el representante César Lorduy ya presentó una propuesta para que la virtualidad no sea descartada. Asonal Judicial y Defensores Públicos se pronunciaron a favor de la virtualidad en todas las ramas de la justicia.

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