Fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le pediría al presidente Duque abstenerse de intervenir en política

El pronunciamiento se haría tras una demanda interpuesta por el Instituto Anticorrupción, que le extendería el llamado de abstención a todas las entidades y funcionarios de la rama ejecutiva.

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La denuncia en contra del
La denuncia en contra del presidente sería por su presunta participación en política.

No ha sido la primera vez que acusan al presidente de intervenir en política, desde el año pasado se han quejado diferentes sectores y personas, antes distintas instancias para que evalúen y determinen si el mandatario ha incurrido, o no, en alguna irregularidad.

Por ejemplo, la comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes tiene ‘engavetado’ un caso en contra de Duque, denunciado por el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, que interpuso la queja disciplinaria por su ‘guiño’ a la campaña de Federico Gutiérrez en una entrevista del presidente con El Tiempo.

Puntualmente señaló que ‘Fico’: “Era un hombre de una gran capacidad gerencial, de una gran calidad humana, cercano a la gente, sensible y con una familia muy bonita”. En esa entrevista se refirió a casi todos los candidatos que hicieron parte de la coalición Equipo por Colombia.

Pero, casi 10 meses después, dicha comisión ni si quiera ha discutido el tema. Precisamente desde el congreso, otros senadores como Roy Barreras, Iván Cepeda y Roosevelt Rodríguez también han denunciado las presuntas participaciones del presidente en política.

“Lo que estamos haciendo es cumpliendo con el plan de gobierno, entregando obras, recorriendo el país; sobre todo, buscando todos los días el bienestar para la población en nuestra agenda social. (...) pretenden que, cuando se le pregunta al presidente de la República no sobre candidatos sino sobre temas de interés nacional, no se pronuncie y eso es claramente una violación al derecho constitucional de la libertad de expresión”,

dijo el mandatario en entrevista con Caracol Radio.

Es por esto que el proceso más adelantado, hasta el momento, es la denuncia interpuesta por Camilo Enciso, director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, organismo que emitirá un fallo, tal vez sancionatorio, o no, sobre la presunta participación en política.

“El señor Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia, está usando sus presentaciones públicas para intervenir en el proceso electoral para elegir el próximo presidente. Su conducta afecta de manera grave los derechos políticos de todos los ciudadanos y viola las prohibiciones expresas establecidas por el legislador en el artículo 30 de la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales. Sus acciones atentan contra la moralidad administrativa y las instituciones democráticas del país”,

es parte de la demanda contra del presidente Duque, la cual agrega que ataca a los candidatos o movimientos opositores, por lo que se solicitan medidas para que se respete el proceso electoral.

La demanda presentada el pasado 18 de abril, que no ha demorado tanto en comparación con los otros procesos, tendrá que dar una respuesta pronta, ya que como lo explica Enciso se espera que llegue antes que se realicen las elecciones presidenciales, el próximo 29 de mayo.

Desde el gobierno nacional le solicitaron al tribunal que desestime la acción popular, por incumplir con los requisitos para establecer formalmente el proceso, además que es improcedente por que el mandatario no ha incurrido en estos hechos; pero, al parecer el tribunal les ordenará al presidente, entidades y funcionarios de la rama ejecutiva, a que se abstengan a participar o referirse a política, principalmente a los temas concernientes a los procesos electorales.

“Nosotros como organización de la sociedad civil, vemos con preocupación el deterioro en los estándares democráticos, es flagrante, raya en lo evidente que el presidente ha violado en por lo menos 8 momentos las normas sobre garantías electorales”,

asegura el Instituto Anticorrupción.

Las medidas cautelares que solicita la demanda se refieren a la protección de derechos colectivos; obligando a cesen las conductas ‘dañinas’ que pueden ocasionar un “daño inminente”.

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