Exfuncionarios del gobierno de Richard Aguilar no aceptaron cargos por corrupción

Edgar Báez, Ana Wandurraga y Sergio Pitta, exfuncionarios de la Gobernación de Santander, fueron imputados este 18 de mayo por haber incurrido en corrupción. El Fiscal 84 señaló a los sindicados por celebración de contratos, peculado por apropiación y prevaricato, pero ninguno de los tres aceptó los cargos.

Los sindicados estarían involucrados en el proceso que enloda al exdirigente del mencionado departamento, Richard Aguilar, a quien se le señala por cometer irregularidades en seis contratos firmados entre 2014 y 2015. En el caso de Báez, Wandurraga y Pitta, ellos habrían contribuido a que se presentaran inconsistencias en la contratación para el reforzamiento estructural del estadio de fútbol y del coliseo Vicente Díaz Romero (Bucaramanga).

Cabe anotar que, según la Fiscalía, por problemas relacionados con este mismo espacio deportivo, se imputará a otros empresarios de la región. Se trata de Andrés Julián Ulloa y Paula Marcela Morena, integrantes de la empresa Movipetrol; al igual que a Xiomara Suárez Gómez, una de las encargadas de la interventoría del estadio.

El contratista del proyecto deportivo afirmó que entregó 1.500 millones de dólares a Richard Aguilar por el contrato de reforzamiento del Estadio Alfonso López, a través de la exsecretaria de Planeación, Claudia Toledo y su esposo Lenin Pardo, quienes se mantienen bajo detención domiciliaria.

Aguilar, además, habría incurrido en otras irregularidades. En el escrito de acusación en su contra, la entidad investigadora afirmó que el exgobernador “habría constituido una empresa criminal para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos y familiares”. Así, pues, los delitos por los que es investigado son interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y peculado.

Además de los problemas con el reforzamiento estructural del estadio de fútbol y del coliseo Vicente Diaz Romero, la Fiscalía encontró irregularidades en los contratos para el mejoramiento del corredor Agroforestal y Energético de Santander y la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

En este proceso también están vinculados Julián Libardo Jaramillo Díaz, quien en ese entonces era jefe de proyectos de la Secretaría de Infraestructura departamental. También se habla de supuestos direccionamientos de contratos en los que se investiga al excongresista Edwin Ballesteros.

Según el ente acusador, todos ellos “llegaron a un acuerdo criminal para sacar dinero y direccionar la contratación”. Las irregularidades con la adjudicación serían de más de 500.000 millones de pesos en contratos.

Después de esta acusación oficial, los testigos del caso, Lenin Pardo y Claudia Toledo, que en su momento realizaron funciones en el marco de la gubernativa de Aguilar en Santander, denunciaron una serie de amenazas en su contra. Toledo afirmó que recibió cartas y citaciones a un funeral que, según la misiva, sería el de ella. “De sapos está lleno el cementerio, siquiera asistir al funeral de Alejandro y Sara sigue abriendo la boca”, se leía en el papel que recibió la exfuncionaria.

Por otra parte, hay que la defensa del exgobernador de Santander radicó una tutela para devolver a la fase inicial el proceso en su contra por corrupción entre 2014 y 2015. Esta petición fue negada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que concluyó que no hubo irregularidades a la hora de tomar esa decisión.

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