Un compendio realizado por La República asegura que en el top 5 de entidades con más procesos y pretensiones por el estado de las vías, entre las que se encuentran el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS; Ministerio de Transporte; Agencia Nacional de Infraestructura; La Previsora S.A y la Policía Nacional; cursan 2.660 demandas activas.
De hecho, solamente el INVÍAS tiene en disputa 1,80 billones de pesos. Los procesos que se adelantan por distintas razones, tienen un leve margen de favorabilidad a favor de las entidades nacionales, casi el 70 %. Pero si se contrasta con el hecho que para el año 2020 el mismo Instituto Nacional de Vías estimaba que el 94 % de las “vías terciarias” se encontraban en mal estado, aproximadamente 142 mil kilómetros, pues puede considerarse bajo la incidencia de las demandas ante dichas entidades.
Por ejemplo, actualmente en el departamento del Tolima, a menos de dos semanas de que se realicen las elecciones presidenciales, el próximo 29 de mayo, hay varios municipios que no podrán votar por el mal estado de las vías.
Algunos de estos puntos tienen afectaciones derivadas por la fuerte temporada invernal que se ha registrado en el departamento, pero otras se encuentran deterioradas por el poco mantenimiento de las mismas, o incluso la nula acción de obras.
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Por ejemplo, desde la Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI, se emitió una alerta por la poca y lenta ejecución de obras públicas, principalmente realizadas por el INVÍAS, las cuales se reflejaron en las cifras del Producto Interno Bruto, PIB, reflejadas recientemente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que en este ítem cayó al 4,9 %.
Las estimaciones de la CCI, es que el INVÍAS tiene un presupuesto total de ejecución de 9,8 billones de pesos, de los cuales, más de 5 billones se deben destinar en la inversión para construcción, adecuación o mejoramiento vial.
Precisamente en el portal Asuntos Legales listaron las causas por las cuales más se demandan a las entidades nacionales en el tema vial: primero la falta de señalización, que tiene activos 267 procesos, cuyas demandas pueden representar más de 786 mil millones de pesos, que salen de los impuestos; le siguen los daños materiales causados por las vías en mal estado; accidentes que causen muertes, daños causados por falta de señalización y siniestros ocasionados a bienes derivados por el mal estado vial.
De hecho, el Consejo de Estado se pronunció sobre este tema, señalando que la nación debe reparar económicamente a las personas que terminen involucradas en algún accidente derivado por el mal estado de las vías; además que todos los ciudadanos tienen el derecho de adelantar este proceso si ellos mismos o algún familiar se ve involucrado en estos siniestros.
Estas demandas se deben presentar con un abogado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, las cuales podrán ser acompañadas por la Defensoría del Pueblo en materia legal. La queja debe estar soportada con todo tipo de pruebas que estudiará el estrado y que se acompañarán con pruebas médicas en caso de ser requeridas; esto para determinar la responsabilidad de cada parte y cuál es el monto de dicha reparación.
Con esto se pasa a la etapa conciliatoria, donde en caso de no llegar buen término pasará a un fallo que determinará administrativamente la respuesta a favor o no de la solicitud.
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