Empresa alemana Dermalog no aceptó auditar elecciones presidenciales

El Consejo Nacional Electoral había anunciado la elección de la empresa auditora con bombos y platillos este mismo miércoles

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El contrato con Dermalog tendría un valor superior a los tres mil millones de pesos.
El contrato con Dermalog tendría un valor superior a los tres mil millones de pesos.

El Consejo Nacional Electoral había anunciado este miércoles 18 de mayo que la empresa alemana Dermalog estaría al frente de la auditoría de los programas Disproel e Indra, los cuales serán utilizados para computar los resultados de la primera vuelta presidencial del próximo 29 de mayo. No obstante, la empresa no habría aceptado el trato.

La empresa germana de control biométrico, líder en su país en este rubro y en el de inteligencia artificial, sí tiene experiencia en acompañamiento de elecciones en países como Macedonia y Afganistán, además de asegurar que han auditado en Ghana y Filipinas. Además, el Gobierno alemán es accionista de la firma. Por eso se consideró un gran fichaje para los comicios.

No obstante, la emisora RCN Mundo contactó fuentes dentro de Dermalog para confirmar la transacción y estos la desmintieron. Si bien el representante regional de la firma alemana sí tenía interés en participar en las elecciones de Colombia, la matriz desde Alemania tenía la última palabra y desde allá rechazaron el contrato, cuyo valor supera los 3.000 millones de pesos. Por el momento se desconoce el motivo de la decisión.

El presidente del Consejo Nacional Electoral, César Abreo, ya se pronunció sobre el rechazo. “Estamos en el proceso de selección de la empresa internacional; el tiempo es muy corto para hacer un proceso de selección para el tamaño de la auditoría que nosotros pretendemos porque es una auditoría no solamente preventiva sino forense”, afirmó para La W.

Una auditoría difícil

En una carta enviada al registrador Nacional Alexander Vega, por parte del CNE, se pidió “una revisión profunda de los sistemas informáticos y procesos operativos que serán implementados para las elecciones presidenciales”.

“Se le solicita la revisión mediante una auditoría de carácter internacional dirigida a los procesos y sistemas que durante las elecciones legislativas presentaron inconvenientes el pasado 13 de marzo”, señaló el CNE en su comunicado. “El Ministerio de Hacienda ya giró los recursos y está en el proceso contractual y va a ser por selección directa”, comentó Vega al referirse a ello. Además, expresó que el costo de esta auditoria estaría rondando entre los $3.277 millones.

Se supo que la Registraduría General de la Nación consultó e hizo cotizaciones con tres empresas reconocidas de este sector: Ultratech, CGTS y Datasys. “Con base en las cuales se realizó el estudio de mercado y se determinó el valor promedio para definir el valor requerido por la entidad”, destacó la entidad respecto a la determinación final.

A esta acción se añade que se empezó a desarrollar una simulación sobre el preconteo de los votos, para hacer frente a lo que falló en las elecciones del pasado 13 de marzo. Ahora se evalúan componentes de transmisión voz a voz, digitalización y verificación, y divulgación de los resultados del formato E-14. “El preconteo se hizo con el mismo ejemplar del formulario E-14 que fue aprobado por las campañas políticas y los entes de control. Podemos recibir entre 30.000 y 40.000 llamadas, pero lo importante es que no solo se está transmitiendo, también se está realizando la doble comprobación de la información”, explicó Vega tras la polémica.

Para estas elecciones se dispondrá de 27.000 personas distribuidas en los 12 centros de procesamiento de las 103.082 mesas de votación, esto incluyendo las de los consulados.

A la lista de nuevas medidas de refuerzo para certificar unas elecciones libres de irregularidades, se anunció la certificación de un auditor para cada centro de recepción telefónica y para cada oficina de seguimiento departamental en representación de cada uno de los partidos. Para esto será necesaria la participaron de funcionarios de la Procuraduría, auditores externos de las campañas presidenciales y organizaciones de observación electoral.

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