La mayor Lorena María Restrepo, jueza 34 de Instrucción Penal Militar de Bucaramanga, es quien adelanta la investigación y compulsa de copias para un proceso penal por presunto peculado por apropiación que se sigue en contra de dos coroneles y que relaciona al comandante del Ejército Nacional, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. Ella, en los últimos días, denunció presiones que le han hecho temer por su vida.
El periodista Daniel Coronell aseguró que la investigación no avanzaba en la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia e inició en el año 2020. Según la revista Cambio, los coroneles y el comandante del Ejército son investigado por contratos con empresas privadas para el transporte de explosivos que se habrían firmado aparentemente sin el lleno de requisitos, además, algunos de los dineros de una actividad altamente costosa y peligrosa, se habrían desviado.
Tras conocerse el expediente, el senador Iván Cepeda denunció en la Comisión Segunda del Senado, que la Corporación Veteranos de Colombia alertaron por presiones y amenazas en contra de la mayor Restrepo. “Ha sido víctima de presiones por parte de sus superiores y que teme por su vida y la de su esposo el coronel Aldemar Quintan, comandante del batallón de Artillería No.2 “Nueva Granada”, ubicado en Barrancabermeja”, dijeron en un comunicado Alfonso Manzur Arrieta y Alexander Chala.
Luego de estos hechos, el senador del Polo Democrático solicitó seguridad para la togada para que pueda realizar su trabajo investigativo de manera libre. La queja fue remitida al ministro de Defensa, Diego Molano; a la Procuraduría General de la Nación; a la Fiscalía General; a la Unidad de Protección y a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El Ejército respondió a las denuncias a través de un comunicado emitido este 19 de mayo, en el que anunció que evaluará internamente la seguridad de la jueza, pese a que ni ella ni su esposo han remitido ninguna denuncia al respecto a la institución.
Fue el oficial enlace del Ejército en el Congreso el que les remitió una comunicación este 18 de mayo, por las denuncias hechas por el senador Cepeda, pero la cual no contenía una denuncia propia de los afectados. “Esto quiere decir que a la fecha la mayor o su esposo, que también es oficial, no han presentado solicitud directa en la que hagan mención a esta situación al Ejército o entidad que haya remitido la petición”, señaló la institución castrense.
Sin embargo, el Comando del Ejército Nacional ordenó, “de manera inmediata”, al Comité de Protección y Seguridad de la Fuerza para que se adelante el procedimiento interno establecido con el fin de determinar el nivel del riesgo y se adopten las medidas a las que haya lugar.
La institución argumentó que brindar la seguridad de la jueza es de su competencia, porque hace dos años, la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar recibió por traslado un escrito de la mayor Restrepo, también por seguridad. En esa ocasión, se remitió a la Unidad Nacional de Protección y a la Dirección de Protección de la Fiscalía, quienes le devolvieron la solicitud al Ejército porque era de su competencia.
“El Comité de Protección llevó a cabo el procedimiento interno para el estudio de nivel de seguridad, donde el riesgo fue evaluado en ordinario, calificación que según la ley no da lugar a la imposición de medida. Este resultado le fue comunicado a la oficial sin que haya remitido escrito en relación a su inconformidad en la evaluación o que haya informado nuevas situaciones que impliquen su constatación”, en esa ocasión.
La revista Cambio señaló que tras recibir el expediente, la jueza sufrió un robo en su oficina; también conoció que la defensa del general Zapateiro solicitará a la Fiscalía el archivo de la investigación que se sigue en su contra, aunque se desconoce el avance de las pesquisas.
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