Defensoría advierte del incremento de los municipios que presentan riesgo de cara a las elecciones presidenciales

Este jueves 19 de mayo la Defensoría del Pueblo advirtió un aumento del riesgo en varios municipios de Colombia, especialmente por el incremento de las acciones violentas perpetradas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, a menos de diez días que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial.

Así lo alertó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante la entrega del Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana 04-2022, en el que se evidenció que de los 521 municipios en los que se viene adelantando un monitoreo permanente, 290 presentan un riesgo extremo y alto de vulneración a los derechos de la población, 16 más de los que se registraron durante el febrero pasado.

“Debo señalar con preocupación que, a pesar de los esfuerzos por parte de la institucionalidad del Estado para atender las recomendaciones hechas en febrero y su articulación en el marco de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), las acciones violentas del ELN y el Clan del Golfo, particularmente en los departamentos de Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, Chocó y Antioquia, ocasionaron que desde nuestro Sistema de Alertas Tempranas se aumentara el número de municipios con riesgo extremo y alto”, señaló el defensor del Pueblo.

El informe evidenció que entre febrero y mayo se pasó de 79 a 84 municipios en riesgo extremo y de 195 a 206 municipios con riesgo alto de vulneraciones de lo derechos humanos de las comunidades, por lo cual hizo una serie de recomendaciones a las autoridades nacionales y locales con el propósito de ofrecer garantías a los pobladores de esas localidades en el marco del proceso electoral.

Durante este periodo, evaluado por la Defensoría del Pueblo, se registró el paro armado ilegal decretado por la que es considerada la banda delincuencial más grande de Colombia como represalia a la extradición de su máximo jefe Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, en el que se presentaron asesinatos, confinamientos y amenazas en varias localidades al noroccidente de Colombia.

Asimismo, el documento reconoció la creciente influencia de las agrupaciones armadas ilegales, que han presentado un aumento en su presencia y acciones violentas en los territorios en los que buscan el control territorial y el manejo de las economías ilícitas como el narcotráfico, microtráfico, minería ilegal, extorsión, y ‘gota a gota’.

“El Estado debe implementar más mecanismos de investigación y verificación por las denuncias relacionadas con delitos electorales y amenazas contra candidatos o sus campañas. También debe brindar la protección para que las personas puedan votar en zonas rurales y sobre todo garantizar la libre participación”, señaló el defensor Camargo.

Dentro de los departamentos en los que se registra el mayor número de municipios con riesgo extremo son Cauca con 16; Nariño (14); Chocó (9); Norte de Santander (8); Antioquia (7), le siguen Bolívar y Caquetá (6); Arauca y Tolima (4); Putumayo y Valle del Cauca (3); Huila (2), Meta y Magdalena (1).

A su vez, los departamentos con mayor número de municipios en riesgo alto son: Antioquia con 30; Sucre (16); Valle del Cauca y Magdalena (12); Bolívar, Boyacá, Nariño y Meta (11); Chocó y Norte de Santander (10); Atlántico (9); Córdoba y Cesar (7); Huila y Cundinamarca (6); Cauca, Caldas y Risaralda (5); Putumayo, Guaviare y Casanare (4); Vaupés (3); Vichada y Arauca (2); y Caquetá, Tolima, Amazonas y Bogotá, con un municipio cada uno.

Por último, la Defensoría recomendó a las instituciones municipales, departamentales y nacionales adoptar medidas extraordinarias para la protección de las comunidades que se encuentran en riesgo, al tiempo que solicitó implementar estrategias de inteligencia que permitan garantizar la seguridad durante las elecciones presidenciales que se realizarán el 29 de mayo.

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