De las 333 masacres que se tenían registradas, la Dirección de Acuerdos para la Verdad, del Centro Nacional de Memoria Histórica se tendrían que aumentar 123 más, aseguran algunos informes de esta entidad, las cuales presuntamente se habrían cometido en complicidad con la fuerza pública; donde además se despojaron de tierras a campesinos, se fraguaron violaciones sexuales, entre muchos otros crímenes.
Cabe señalar que el Bloque Norte fue una de las columnas principales de las Autodefensas Unidas de Colombia, el cual operaba en los departamentos de Cesar, Magdalena, La Guajira, Atlántico, Córdoba, Sucre, Santander, Norte de Santander y Bolívar. El grupo comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40″, se estima es el responsable de al menos 20 mil hechos delictivos que afectaron a unas 25 mil personas entre 1995 y el 2006.
“Paramilitares del Bloque Norte de la AUC llegaron en cuatro camionetas al corregimiento de Playón de Orozco, municipio del Piñón en Magdalena. Los ‘paras’ se detuvieron en la iglesia, donde estaba la mayoría del pueblo en una jornada de bautizos colectivos. Las mujeres y los niños fueron encerrados en la iglesia, mientras a los hombres los pusieron contra la pared de la plaza del pueblo y les pidieron sus cédulas. En tan solo una hora los paramilitares mataron a tiros a 27 hombres y los descuartizaron, dejando sus restos en las calles del caserío. La única mujer asesinada fue Carmen Rudas, promotora de salud, que en ese momento estaba en estado de embarazo. Antes de salir, los paramilitares incendiaron por lo menos 20 casas del corregimiento. Por estos hechos, las 90 familias que vivían en Playón de Orozco salieron desplazadas, el pueblo desapareció. (Rutas del Conflicto, 2019)”,
reseñan en el Tomo I del libro la tierra se quedó sin canto, distribuido por el Centro Nacional de Memoria Histórica, donde se evidencia la trayectoria y los impactos del Bloque Norte de las AUC en la región caribe colombiana.
En la serie de informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, se aborda como las AUC reclutaron de manera forzada, a los menores de edad, los cuales además de ser usados para cometer crímenes, permitieron la consolidación, expansión y ‘poderío’ de los paramilitares en estos territorios del país.
Las cifras del Centro de Memoria Histórica muestran que niños desde los 7 años eran reclutados, pero, ‘los más apetecidos’ eran los de 14 y 15 años, los cuales fueron los mayormente enlistados en los años previos a los procesos de desmovilización.
“Pues, yo comienzo en esa dinámica de subir y compartir con él, imagínese, eso fue desde el 92 como hasta el 99 que ya me voy de Santa Marta. Pero en sí subía normalmente como normal, como cosas de familia, a saludarlo. Pero ya al estar uno ahí en el mercado trabajando y conocer la gente y la plaza y el movimiento, y al estar uno subiendo y sabiendo que ya él estaba allá, que necesitaba sostener el grupo, que se subían compras, que se subía una cosa y la otra, entonces, ahí es donde ya comienzo como por allá para el año 96 como en una forma de colaboración más directa. Y como me decía la fiscal: no, es que usted fue reclutado menor de edad. Y dije: no, pues yo no fui reclutado. Yo, a medida que fui creciendo, crecí en un conflicto… en el medio de un conflicto, y el conflicto me absorbió. ¿Por qué? Pues, el comandante o líder de ese Frente, o esa organización de autodefensas, era un tío. Y cuando usted su familiar es el líder, pues, el enemigo cuando va a atacar a su familia. Entonces, usted al ver que esa persona está defendiendo a su familia, defendiendo el área donde se vive, usted dice: no, pues, yo también tengo que apoyar porque, entonces, yo también tengo que hacer algo”,
es uno de los testimonios de uno de los menores reclutados, que se contiene en el segundo tomo del libro anteriormente reseñado.
Aunque todos estos relatos hacen parte del proceso de restitución a las víctimas y el aporte a la verdad; las imprecisiones podrían, o no, cambiar las determinaciones judiciales en contra de los responsables de estos crímenes, y aunque las publicaciones son meramente parte del proceso de relatar lo sucedido, el Estado sigue sin conocer a ciencia cierta cuantas y cuáles son las personas que resultaron afectadas.
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