Para el próximo 28 de junio, la Comisión de la Verdad (CEV) tiene estipulado entregar su informe final, el cual se compone de 10 capítulos principales que agrupan las victimizaciones que se dieron en Colombia en el marco del conflicto armado. El trabajo de cuatro años se verá reflejado en este documento que intentar reconstruir la memoria histórica de la guerra en el país.
Con la premisa de contar los últimos 50 años de violencia, la CEV recibió el informe “Mar, guerra y violencia”, desarrollado por investigadoras raizales y residentes, el Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) de la Universidad ICESI y que contó con el apoyo del Consejo Raizal.
El informe ofrece un panorama de los impactos del conflicto armado en las y los pobladores del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Además, evidencia la invisibilidad que han tenido las comunidades de las islas frente a los impactos que han vivido debido al conflicto armado y al narcotráfico.
Según señala la investigación, esta invisibilidad se ha dado porque la configuración social e histórica del Archipiélago tiene unas diferencias importantes frente a los intereses del Estado colombiano a nivel continental y existe una problemática interna en las instituciones, que limita las oportunidades y el derecho a una vida digna, asociado también a la corrupción entre diferentes fuerzas oficiales permisivas que han facilitado el crecimiento y la fortaleza de las estructuras criminales en el departamento.
De acuerdo con datos de representantes del los pueblos raizales y del archipiélago, en el marco del conflicto armado, en esta zona del país se tiene el registro de 700 personas víctimas de asesinatos, desaparecidos en el mar o ajusticiados en el territorio, sin responsables señalados o juzgados. Por ello, “el objetivo de este informe es mostrar que el conflicto armado ha hecho presencia en el archipiélago a través de expresiones propias de este contexto insular, marítimo y fronterizo”.
Por su lado, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) registra que, en los últimos 10 años, en el archipiélago se dio el aumento significativo de la tasa de homicidios hasta el 37,5, por encima del promedio nacional (26,8 cada 100.000 habitantes). En ese mismo lapso de tiempo se han registrado el asesinato de 290 personas.
“Mar, guerra y violencia” es un documento que se compone de cinco capítulos que “hacen referencia a ese grito de dignidad y notoriedad de las comunidades raizales”. Entre las recomendaciones del informe para dejar atrás los años de la violencia, se establece que se debe revisar la generación de oportunidades que permitan una vida digna para la población de las islas. “Los programas de atención social que se realizan desde la secretaría de gobierno departamental son importantes, pero claramente son insuficientes frente a la inminente crisis social y económica en la que está sumergido el Archipiélago”, se puede leer en las páginas del informe.
En el primer capítulo, titulado ‘Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: un caso de expropiación de dignidad’, se habla de la invisibilidad de las realidades del Caribe anglófono, el colonialismo y el despojo de la dignidad desde el Estado colombiano.
En el segundo capítulo, ‘Archipiélago fronterizo: entre la ilegalidad, el conflicto armado y la violencia actual’, se muestra el narcotráfico como una expresión del conflicto armado y el clivaje paramilitar.
En el tercer capítulo, “Patrones y procesos de victimización de la población insular”, se habla de las dinámicas de violencia letal y homicidios por fuera del territorio, reclutamiento juvenil, amenazas y extorsiones, asimismo las desapariciones forzadas y la violencia basada en género.
El capítulo cuatro tiene como título ‘Rupturas sociales, simbólicas y estructurales: efectos del conflicto armado sobre la población insular’ y muestra cuatro temas importantes como la ruptura del tejido insular, los espejismos de bienestar que causan daño a los proyectos de vida de la juventud y las amenazas y estigmatización de liderazgos.
Finalmente, en el capítulo quinto, el informe plantea recomendaciones para la reparación y las garantías de no repetición en el archipiélago con un enfoque territorial.
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