Este martes la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que busca convertir en legislación permanente el Decreto 806 de 2020, que fortalece el uso de las tecnologías de la información en las actuaciones judiciales en todo el país.
Se aprobó con 97 votos a favor y 20 en contra que la justicia penal vuelva a la presencialidad desde el 1 de julio. El resto de las actuaciones civiles, administrativas, entre otras, seguirán en la virtualidad.
El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia pidió a los presidentes de Senado y Cámara, Juan Diego Gómez y Jennifer Arias, respectivamente, celeridad en la discusión del proyecto de justicia virtual. Sin embargo, la Cámara votó en contra de la justicia penal virtual.
Esta medida ha generado fuertes críticas entre los abogados penalistas quienes guardan la esperanza de que la justicia virtual sea una realidad. Este 18 de mayo habrá un debate del proyecto en el Senado, y es por esta razón hacen un llamado a los legisladores de la Cámara Alta a negar la proposición que aprobó la Cámara.
Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas cuestionó esta decisión por las implicaciones que tiene para la justicia penal. “Hice lo más que pude, no tengo palabras para agradecer su apoyo, ni para lamentar una decisión tan absurda”, expresó.
“Consideramos que el proyecto fue mal elaborado, tenía que hacerse una discusión más minuciosa y a fondo de qué temas podían mantenerse en la virtualidad y qué temas, en diferentes jurisdicciones, debían volver a la presencialidad, queda sin duda una deuda del próximo Congreso de legislar un tema tan delicado como la administración de justicia”, señaló el representante Inti Asprilla, férreo crítico de la iniciativa.
Además, el abogado Iván Cancino señaló que el regreso a la presencialidad implica retrocesos para los casos judiciales debido a que la virtualidad facilitó la realización de audiencias y ahora todas las partes deberán viajar.
“Las audiencias que se van a frustrar por no tener sala de audiencia cada juez serán muchas otra vez, más que antes. En virtualidad, cada juez tiene tantas salas de audiencia como plataformas tenga acceso”, pronunció.
Iván Cancino también agregó que, “el gasto en viáticos de alojamiento, tiquetes y manutención de servidores de Fiscalía, Policía y Procuraduría será otra vez enorme, más otros muchos gastos que la virtualidad ahorraba”.
Con opiniones divididas en la corporación, por su parte, el representante Edward Rodríguez manifestó que “en buena hora se presentó este proyecto. Obedece a una necesidad de las propias cortes y de la justicia que lo requiere (la virtualidad), la digitalización de la justicia nació para permitir que Colombia avance a generar una justicia pronta, eficaz; una justicia que le sirva al ciudadano”.
Decreto 806 de 2020
La justicia virtual se decretó en el marco de la pandemia y las medidas de prevención de la propagación del covid-19, sin embargo, hasta el próximo 5 de junio está vigente. Para mantener esta modalidad que ha mejorado el servicio, se presentaron varias iniciativas en el Congreso.
Estas propuestas eran de origen parlamentario, de Gobierno y la rama judicial. Este último no incluyó la justicia virtual a los casos penales.
Para varios sectores de la rama judicial, este proyecto es indispensable. Por ejemplo, para Fernando Castillo, magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema, “la iniciativa es muy importante para lograr la continuidad de todos los procesos que se generaron en la pandemia, pero ayuda a que la rama judicial se actualice”.
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