Hace algunas semanas en audiencia ante la Justicia Especial para la Paz -JEP-, algunos militares retirados dieron a conocer detalles sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos por el Ejército. En el espacio donde las víctimas exigieron la verdad, algunos de los militares que gozaban de altos cargos en la época que se llevaron estos crímenes de lesa humanidad, reconocieron su participación, uno de estos fue el general (r) Paulino Coronado Gámez.
“En nombre del Ejército que yo comandé reconozco la responsabilidad imputada por la JEP como máximo responsable de la Brigada 30 de ser autor a título de comisión por omisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Acepto esta responsabilidad por no haber investigado y sancionado estas falsas operaciones”, dijo en el acto de reconocimiento Coronado Gámez oficial de mayor grado de la institución en aceptar su responsabilidad en los mal llamados ‘falsos positivos’.
Y agregó: “Como lo he expresado ante los magistrados, quienes lo contrastaron, nunca ordené, planeé o instigué la muerte de ninguna de las víctimas causadas por los miembros del Ejército; pero, como una obligación con mi familia, las víctimas y el país, he decidido aceptar la responsabilidad a título de omisión en tales hechos. Acepto la responsabilidad por no advertir la política de inflexión física definida por el general Mario Montoya Uribe, quien consideraba que solo con el exterminio físico podía llevarse a las Farc a negociar y por esa razón, había que causar el mayor número de bajas posible”.
Tras llevar acabo su relató publico el general envió una carta a la JEP, donde ofrecía más detalles sobre lo sucedido, de acuerdo con Blu Radio en el escrito el militar anotó que, tuvo conocimiento sobre denuncias de falsos positivos en tres oportunidades mientras se desempeñó como comandante de la Brigada 30; pero no le dio credibilidad y paso por alto las alertas. También que cree que el Estado pudo haber evitado los casos de falsos positivos ocurrido en Soacha si se hubieran tomado las medidas correspondientes cuando se presentaron las primeras denuncias.
“En la Brigada 30 que comandaba las denuncias que se recibieron ese día fueron descalificadas dándole vida a la narrativa de guerra jurídica”, escribió el general (r) Paulino Coronado Gámez.
Luego de dar a conocer los nuevos hechos, los familiares de las víctimas pidieron al órgano de justicia transicional convocar una nueva audiencia donde Coronado Gámez hable de lo ocurrido y pueda contar todo lo que mencionó en el documento, que no dijo en su intervención pasada. Una solicitud que fue aceptada este 18 de mayo en las horas de la mañana por la JEP.
“...teniendo en cuenta la importancia que tendría para los familiares de las víctimas y para la sociedad colombiana el pronunciamiento público de un Brigadier General en retiro sobre su reconocimiento de responsabilidad por su participación en los hechos y las conductas determinadas en el subcaso Norte de Santander”, puntualizó la JEP en un documento que conoció W Radio.
Sumado a la nueva audiencia, el mecanismo ordenó extender por 15 días hábiles el término para que las víctimas puedan presentar observaciones al reconocimiento efectuado por los militares, debido a que defensores han manifestado inconformidad con la metodología que se esta usando en las audiencias.
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