La Jurisdicción Especial para la Paz ya ha intervenido, también en el caso de ‘falsos positivos’ que cobró la vida de 13 personas en Casanare, los responsables, para esta entidad, fueron miembros de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, GAULA, del Ejército, de los cuales 4 oficiales, un suboficial y 6 soldados de la seccional de este departamento deben responder, entre otros delitos, por homicidio agravado.
Para la CIDH, 3 de las víctimas son las que más le llaman la atención, dos de ellos hermanos, llamados Wilfredo Alarcón y Fernando Acevedo; que fueron presentados como bajas en combate, pero, las víctimas habían salido de sus casas a jugar un partido de fútbol.
Ante la JEP, el cabo primero, en retiro, Gelver Pérez García reconoció su responsabilidad y se acogió a entregar las pruebas que permitan esclarecer estos hechos:
“Aquí cometimos errores y los estamos aceptando. Me comprometo a la verdad plena, a las garantías de no repetición y a la reparación integral de las víctimas”.
En total, 18 uniformados son sindicados como los autores materiales e intelectuales, pero, precisamente esa es la razón por la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues tras 15 años de ocurrido, tan solo 6 militares han sido procesados por este crimen; además, toman en cuenta el testimonio del mayor Gustavo Soto Bracamonte, quien declaró que las víctimas fueron ‘emborrachadas’, una vez alicorados les pidieron que fueran a recoger un dinero y terminaron en zona rural de Yopal, donde los obligaron a uniformarse y posteriormente los asesinaron.
Durante el levantamiento de los cuerpos, y lo que llamó la atención de las autoridades, es que a los asesinados les quedaban grandes los camuflados, los cuales hicieron pasar como extorsionistas de un grupo al margen de la ley.
“Una vez se pusieron los uniformes, los militares les instruyeron a los muchachos que los acompañaran a un potrero adyacente al camino, explicando que era para tomarles unas fotografías; ya en el potrero, los militares asesinaron en la oscuridad a Wilfredo, Fernando y Darwin con disparos a quemarropa de sus armas de fuego”,
relata el escrito que reposa en la CIDH.
Otro de los motivos por los cuales se apertura el caso, es que cuando una la madre de una de las víctimas fue a verificar la identidad de su hijo en la morgue, notó que el cuerpo tenía rastros de tortura, ruptura de huesos y hematomas.
“El cadáver de Wilfredo tenía una estaca de madera clavada en la pierna izquierda atravesando el pantalón. Igualmente observaron que los cadáveres llevaban puestos, encima de su ropa habitual, algunos elementos de uniformes camuflados del Ejército, que estaban rotos y les quedaban grandes”
Esta admisión, por parte de la Comisión, reviviría el caso, que para la justicia colombiana había concluido por las ‘diligentes investigaciones’ que esclarecieron el caso; la CIDH considera impresentable el hecho que luego de pasar tantos años, no hay una justa reparación para las víctimas, ni mucho menos una judicialización contra los responsables.
“Han transcurrido en total diecisiete años desde la ocurrencia de los hechos hasta la fecha de adopción del presente informe, periodo tras el cual el proceso iniciado por sus muertes sigue inconcluso y suspendido”.
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