A Ingrid Vanessa González, secretaria de gestión humana y servicios a la ciudadanía de Medellín, se le abrió un proceso disciplinario por que aparentemente, habría firmado una resolución que le permitió aprobarse el ‘subsidio’ con dineros públicos, que se le habría desembolsado casi de inmediato con el fin de pagar la matrícula en la Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico, EAFIT.
Al parecer los funcionarios de la Alcaldía de Medellín si podrían acceder a estos beneficios, financiados por el erario, los cuales cubren entre el 70 % y el 100 % de los programas, dependiendo del tema y si este es aplicable al cargo que está desempeñando. Según publicó El Colombiano, la secretaria comenzaría el curso de inglés el próximo 19 de mayo.
Lo que llama la atención del tema es que estas peticiones deben ser aprobadas por funcionarios superiores, en este caso el alcalde, primer punto del incumplimiento, pues al parecer ella misma se aprobó el ‘subsidio’; además, que las solicitudes tienen unos tiempos para la aprobación, que en algunos casos son más de un mes, y estos se entregan luego que el funcionario haya pagado la totalidad del programa. A eso se suma que se debe sustentar la formación adquirida, una vez ha culminado el programa.
Según se ha publicado en varios medios el curso de inglés en la EAFIT, y el monto que se aprobó la secretaria, fue de 5.700.000 pesos, el cuál es un programa de lujo o ‘premium’ que ofrece clases casi personalizadas, o incluso, de ser necesario, se dictan a domicilio a una hora conveniente para los estudiantes.
La secretaria Ingrid González además de afrontar la investigación por posible corrupción, sería requerida incluso por la Procuraduría General de la Nación, por lo que podría ser destituida en caso de ser hallada culpable.
No se sabe si este caso se dio a conocer, o no, con el comienzo de la administración por el alcalde encargado de Medellín, Juan Camilo Restrepo, y su pronunciamiento que suspendería la contratación por parte de los secretarios.
El anuncio se acompañó de una solicitud ante la Contraloría General de la República, para que realice una auditoría forense, para que se revise la asignación de contratos y recursos durante la pasada y presente administración; esto con el fin de que el alcalde encargado sea el único que tome estos tipos de decisiones.
“Cuando uno asume una responsabilidad, tiene que saber qué recibe y, por supuesto, cuando me vaya a ir del encargo en la Alcaldía de Medellín, qué dejo, con toda la transparencia. Soy un servidor público que, en mis 18 años de vida profesional, lo más valioso que tengo, el patrimonio más valioso que tengo es mi hoja de vida. Soy un funcionario que trabajo para vivir, lo mismo mi familia. No tengo vocación de incrementar mi patrimonio de manera ilícita, yo le quiero servir a mi ciudad”, aseguró Juan Camilo Restrepo.
La polémica también vendría acompañada por el pronunciamiento del secretario privado Juan David Duque, quién denunció que el alcalde encargado estaría acosando laboralmente a los funcionarios de la administración.
A la denuncia se sumó la secretaria de gobierno, Camila Villamizar, quién dijo ser obligada a cancelar una reunión de gabinete: “yo debo decir que siento incluso que me amenazó, en contravía de la ley, que establecen que no se puede amenazar a los subalternos”.
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