El empresario que fue formalmente imputado hace unos meses por los delitos de lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, dentro de su condena estuvo la incautación de sus bienes, que junto a los de la denominada “Casa Castaño”, tendrán que reparar a las víctimas afectadas por el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, que eran lideradas por Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”.
Las autoridades estiman que “Memo Fantasma” habría lavado unos 54 mil millones de pesos, mediante inversiones en propiedades, sociedades comerciales y el mercado mobiliario. Precisamente algunos de esos bienes, puntualmente 7 oficinas ubicadas en Bogotá, avaluadas en más de 19 mil millones de pesos, harían parte de los inmuebles que la Dirección de Justicia Transicional le entregará al Fondo para la Reparación a las Víctimas.
Según la Fiscalía General de la Nación, los 114 bienes, estimados en 132.200 millones de pesos, hacen parte de la segunda fase de la restitución; previamente se entregaron otras 49 propiedades cuyo valor sería de 44 mil millones, y que se ubicarían en Bogotá, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Sucre y Valle del Cauca.
Todas estas decisiones se toman gracias a la estrategia Argenta, dispuesta por el fiscal general de la nación, que pretende emitir medidas cautelares de embargo y/o de extinción de dominio, las cuales les quitará la financiación a las organizaciones criminales.
Según las autoridades, las propiedades fueron adquiridas con dineros producto de actividades relacionadas con el narcotráfico, secuestro, desaparición forzada, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y muchos otros delitos que son materia de investigación. Una vez incautados los inmuebles pasan la Sociedad de Activos Especiales, los cuales realiza las respectivas medidas para disponer o no de ellas.
“En ese sentido, han sido ocupados y puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) casas, apartamentos, fincas, grandes extensiones de tierra, locales comerciales, vehículos, aeronaves, embarcaciones, joyas, semovientes, sociedades y títulos valores o acciones”,
declaró el fiscal Barbosa, quien añadió que la estrategia Argenta ha incautado la cifra más alta, que ha permitido reparar de forma adecuada a las víctimas.
Guillermo León Acevedo además de ser procesado por varios delitos, sigue siendo investigado por otras actuaciones, por ejemplo, el ex jefe paramilitar Rodrigo Pérez Álzate, alias “Julián Bolívar”, confesó que “Memo Fantasma” realmente no perteneció a las Autodefensas Unidas de Colombia, solamente se dedicaba a las acciones relacionadas con el narcotráfico.
Este que es uno de los cinco testigos claves en el caso de “Memo Fantasma”, aseguró:
“Efectivamente el señor “Memo Fantasma” si existió, pero no como un comandante del Bloque Central Bolívar. Jamás fue orgánico del Bloque Central Bolívar, era un arco o fue un narco, no sé de su paradero. Tuvo algunas relaciones con el señor Carlos Mario Jiménez Naranjo, pero este señor jamás fue parte del Bloque, por esta razón jamás apareció en las estructuras que presentamos a la Fiscalía”.
El juicio contra Guillermo León Acevedo continuará en junio, mientras el sindicado se encuentra recluido en la cárcel La Picota. En dicha etapa del proceso, la defensa de “Memo Fantasma” intentará demostrar que él no es la persona a la que están acusando.
El juicio contra Guillermo León Acevedo continuará en junio, mientras el sindicado se encuentra recluido en la cárcel La Picota. En dicha etapa del proceso, la defensa de “Memo Fantasma” intentará demostrar que él no es la persona a la que están acusando.
De hecho la misma defensa de Guillermo León ha manifestado anteriormente que él no es “Memo Fantasma”, aseguran que su defendido estaría siendo usado en juicios paralelos con el fin de ‘demostrar resultados’, ya que no existen pruebas conducentes para determinar que él es a quién la justicia pretenden culpar:
“Llamamos la atención sobre las actitudes de algunos funcionarios del ente persecutor que, lejos de adecuar su comportamiento al de un sujeto procesal cuya misión constitucional es el legítimo ejercicio de la acción penal, resulte impulsar los juicios paralelos para lograr sanciones sociales antes de -si quiera- exhibir los elementos que califica de ‘suficientes’ para demostrar cualquier responsabilidad penal”.
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