Emilio Tapia tendría que responder por 6 mil millones del dinero que se perdió en el contrato de Centros Poblados

A comienzo de mayo se conoció que la Fiscalía imputó el delito de peculado por apropiación a Emilio Tapia por el caso de Centros Poblados, pues el contratista corrupto se habría apropiado de $6.182.000.000, que eran para dotar de internet a las regiones más apartadas de Colombia. Tras dar a conocer esta información, este 17 de mayo, el ente acusador pedirá que el acusado responda por 6 mil millones de pesos de los 15 mil que se perdieron.

De acuerdo con Caracol Radio, no serían 70 mil millones como se habló al comienzo dado que la Fiscalía argumenta que lo que se compró en equipos se debe contar como parte del anticipo, aunque MicTic a señalado que no aceptará nada distinto al dinero y que debe tener un origen legal.

Tapia ya había dado testimonio como testigo en el caso que sacó a Karen Abudinen del Ministerio TIC. La declaración la hizo frente al procurador sexto delegado ante el Consejo de Estado con funciones de juzgamiento disciplinario, Antonio José Núñez.

A pesar de que el escándalo se conoció en 2021 y se convirtió en una piedra en el zapato para el gobierno de Iván Duque, esta declaración de Tapia es la primera que sale a la luz sobre su participación en la unión temporal. La audiencia se retrasó en varias oportunidades, con todo tipo de excusas e inconvenientes.

Por ejemplo, Tapia estuvo citado en febrero pasado para comparecer ante la Procuraduría por el mismo caso, pero el mismo día de la audiencia envió una carta con un dragoneante de La Picota, escrita a mano y con una huella, en la que decía, “no puedo asistir a la audiencia programada para el día de hoy por problemas de salud debido a la vacuna y esta me tiene con malestar”.

En la declaración entregada en marzo, Tapia dijo que se había confiado en la palabra de Juan José Laverde, de la agencia de seguros, quien conseguiría las pólizas de cumplimiento. No obstante, faltando poco tiempo para que se cumpliera el plazo de entrega de requisitos, Laverde le quedó mal e intentó solicitar un plazo adicional a MinTIC, pero la cartera no lo concedió.

Luego de que Laverde hablara con otro tramitador de pólizas, le informó a Tapia que dicho funcionario puso varias condiciones, incluidos unos honorarios por la gestión. Al verse cortos de tiempo, aceptaron las condiciones siempre y cuando no hubiera más retrasos.

El nombre de Emilio Tapia, no fue una sorpresa para los colombianos y los entes judiciales cuando salió a la luz que participo en el escandalo de Centro Poblado, pues el país lo vio por primera vez en el 2010, cuando se convirtió en uno de los protagonistas del millonario robo de las arcas de Bogotá en la administración de Samuel Moreno, y que fue conocido como el ‘carrusel de la contratación’.

Previo al escándalo Emilio Tapia era un abogado, que había laborado como funcionario del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU); posterior a este cargo, de acuerdo con las autoridades, se dedicó a lavando dinero a políticos y contratistas involucrados mediante empresas de fachada a su nombre. Debido a esto las autoridades lo acusaron y condenado por “cohecho e interés indebido en la celebración de contratos”.

Además, mediante dichas entidades falsas, Tapia consiguió obtener contratos de obras de infraestructura, como el contrato “Ruta del Sol III” en la vía entre los municipios de Bosconia y Valledupar, en la que aparece como subcontratista. También logró obtener proyectos en los departamentos de Córdoba y Sucre; y en el departamento de Bolívar habría estado detrás de las licitaciones de los tramos 4 y 5 de Transcaribe.

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