La comunidad del municipio del Alto Baudó, en el departamento del Chocó, denunció el asesinato de cuatro personas, tres de ellas pertenecientes al pueblo indígena Embera Dobida y una persona afro, que corresponderían a una masacre que generó temor en la población y el desplazamiento de varias familias.
El hecho fue denunciado por la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, quienes rechazaron el homicidio que se habría producido en el resguardo de Peña Alta. Aún no se conoce cómo ocurrieron los hechos. Los cuerpos fueron hallados por la comunidad indígenas al interior del resguardo el pasado 13 de mayo y presentaban disparos de arma de fuego.
De acuerdo con las autoridades indígenas, desde el momento en que fueron hallados los cuerpos inició un desplazamiento masivo que ya suma al menos 207 personas, pertenecientes a 49 familias que han abandonado sus hogares por temor a la situación de violencia que se pueda presentar.
El primer desplazamiento se produjo el mismo día del hallazgo de los muertos, cuando la comunidad de Peña Alta, se desplazó hasta el Consejo Comunitario Afro de Chachajo. Serían 13 familias con 75 habitantes, que se vieron obligados a dejar sus viviendas.
Sin embargo, el temor continúa y este lunes 16 de mayo, en horas de la tarde, otras 132 personas de 36 familias de la comunidad Biarikude, que se encuentra aledaña al lugar donde ocurrieron los hechos, huyeron también de su territorio por la violencia desmedida que los azota en el territorio y llegaron al Consejo Comunitario Afro de Mojaudó.
“Este tipo de situaciones lamentables que ocurren dentro de las comunidades violan todo tipo de derechos humanos y alteran la tranquilizad y armonía de las familias indígenas, generando zozobra y desplazamiento de las mismas”, señaló la Mesa Indígena.
Las autoridades del resguardo Dearade Biakirude solicitaron que se adelante una ruta humanitaria que realice acompañamiento a las comunidades afectadas por parte de las entidades de derechos humanos, ante la ola de violencia que aseguran que se ha desencadenado en el Alto Baudó, sobre los territorios indígenas y en las zonas rurales del Chocó.
“Solicitamos a las instituciones de orden local, regional y nacional la atención a las comunidades que se encuentran desplazadas por la difícil situación de orden público que se presenta al interior de las mismas. Exigimos al gobierno colombiano implementar estrategias contundentes y reales para la protección de la vida en los resguardos y comunidades indígenas del Chocó”, sostuvo la Mesa a través de un comunicado.
De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, esta masacre, de la que aún se desconocen las identidades de las víctimas, sería el número 40 registrada en lo corrido del año 2022 en el territorio nacional.
Además, según esa entidad, en la zona hace presencia el ELN, las AGC y otras bandas locales que han activado, como lo alertó la Defensoría del Pueblo en una alerta temprana, un conflicto por el control territorial del departamento, que ha terminado por tener incidencia en los territorios de las comunidades étnicas.
Los municipios de Nóvita y Sipí, en el departamento del Chocó, también afrontan una oleada de violencia en sus territorios que los ha llevado a estar bajo confinamiento desde hace más de tres semanas. Los hechos han generado que la comunidad que habita en la zona rural permanezca confinamiento, en promedio se calcula que más de 7.000 personas en veredas y corregimientos de estas jurisdicciones están en esta situación, donde además no tiene acceso a ningún tipo de alimento, medicamento u otros elementos importante para atender las necesidad básicas.
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