Corte IDH estudia la responsabilidad del Estado colombiano en persecución y vigilancia a defensores de derechos humanos

El pasado 13 de mayo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) realizó la audiencia pública del caso “Integrantes del CAJAR Vs. Colombia”, en la que se evaluó el hostigamiento y persecución sostenida de la que fueron víctimas por más de 30 años los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). Esta es la primera vez que la Corte IDH ejecuta un juicio por el uso de la tecnología para vigilancia estatal.

En la diligencia se escucharon las declaraciones de las víctimas del colectivo de abogados y de los representantes del Estado colombiano. Por un lado, las personas supuestamente afectadas hablaron sobre las afectaciones de la vigilancia sistemática, el hostigamiento y las amenazas en su vida personal y familiar, producto de su labor como defensoras y defensores de derechos humanos. Esta situación de violencia estatal fue calificada como “tortura psicológica” y presentada como ejemplo de lo que viven los defensores en Colombia.

Por su parte, el Estado argumentó haber tomado medidas para proteger a los integrantes del colectivo en su momento y negó la responsabilidad en las actividades de vigilancia por las que fue citado a declarar. Mientras que los peritos se centraron en exponer los límites de la actuación de los cuerpos de inteligencia estatal, el derecho de la ciudadanía a saber si está siendo vigilada y prácticas de regulación para “vigilar a quienes nos vigilan”, entre otros.

Este martes 17 de mayo, Lía Isabel Alvear Ramírez, profesora y defensora de derechos humanos, expresó que “el ejercicio del Cajar no se encuentra fuera de la legalidad, por tanto, la actividad de inteligencia en su contra, así como la persecución continua y organizada, obedece a un trasfondo no explícito en el devenir de la cotidianidad de la nación”.

Le puede interesar: Defensorías de Colombia y Panamá generarán alertas tempranas para contrarrestar vulneraciones de los derechos de migrantes

Este caso llegó a la Corte IDH después de 22 años. En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó al tribunal el “Informe de Fondo” para que el caso ingrese al órgano de justicia de las Américas. En el documento se registran agresiones del Estado colombiano entre 1990 y 2002, en las que se incluyen seguimientos, amenazas, atentados e inclusión ilegal en informes de inteligencia que llevaron a los abogados del Cajar al exilio.

En el informe presentado también se da cuenta de que en el periodo 2022 - 2010, la violencia se caracterizó por la estigmatización efectuada por altos funcionarios y la puesta en marcha de campañas de desprestigio, además de la continuidad de las amenazas y la inteligencia ilegal, aseguró el colectivo.

Unas de las víctimas que habló en la audiencia fue el abogado Alirio Uribe, quien habló sobre los riesgos de su trabajo en el Cajar en los años de la persecución estatal. “La década del 90 fue muy violenta y en el marco de los casos que yo llevaba se presentaron muchísimas amenazas, personas que trabajaban conmigo fueron asesinadas, desaparecidas y exiliadas. Yo tuve que entrenar a mis hijos a escaparse por el baño y el techo. Fueron muchos hechos de terror, de tortura psicológica permanente”, afirmó en la diligencia.

La directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Viviana Krsticevic, organización co-representante en el caso, destacó la importancia para América Latina de haber aportado elementos para que la Corte IDH establezca estándares con el fin que los Estados de la región garanticen que las labores de inteligencia sean acordes con los derechos humanos.

En sus alegatos finales, Cejil y Cajar presentaron sus peticiones para ser consideradas por la Corte, estas incluyen la investigación y sanción hasta el más alto nivel de todos los responsables de estos hechos, el desarrollo de una política pública de garantías para personas defensoras, el acceso a la información de inteligencia sobre las víctimas que permanece en órganos estatales, el reconocimiento y reparación integral de todas las víctimas, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado y el desarrollo de una campaña permanente de respaldo a labor de defensa de los derechos humanos.

SEGUIR LEYENDO: