Consejo de Estado ha recibido 90 demandas contra escaños que se alcanzaron en las elecciones a Congreso

Dos meses después de que se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Colombia, ante el Consejo de Estado se tiene un total de 90 demandas en contra de las curules que se obtuvieron para la Cámara de Representantes en esos comicios, por las señaladas irregularidades en los conteos y que han provocado todo tipo de cuestionamientos a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En la emisora La W Radio informaron que esa era la cantidad de procesos que se abrieron, luego de que la semana pasada se vencieran los términos para demandar la nulidad de los escaños alcanzados en las pasadas elecciones legislativas para la cámara baja, ya que todavía están pendientes las que se interpongan contra las que se lograron para el Senado.

Aunque en el Alto Tribunal tienen que tomar una decisión si son exequibles los puestos obtenidos en esa contienda por el Legislativo, los representantes a la cámara electos, reseñaron en el medio radial, se mantendrán en sus curules durante ese tiempo.

La periodista Paola Herrera de La W Radio recordó que en el Consejo de Estado podrían demorarse bastante tiempo, como ocurrió en las del 2014 con el Partido Mira, que aunque salieron favorecidos, la decisión la tomaron cuando ya había terminado el periodo legislativo, por lo que los que reclamaban los escaños les tuvieron que pagar una indemnización económica al no haber podido ocupar sus escaños.

“Si (las actuales) demandas llegan a un feliz término para las personas que las instauraron, será una plata gigante para el país y tendríamos que asumirla todos los colombianos”, explicó la comunicadora.

Entre las irregularidades que más se destacaron en las demandas, reseñaron estaban las enmendaduras y tachones en los formularios E-14, diferencias entre el número de votantes y sufragios depositados. También se denunciaron irregularidades en el conteo de los votos en blanco porque sumaron dentro la elección territorial, los que se depositaron en las circunscripciones especiales, explicaron en el medio radial.

Los movimientos políticos contra los que hay más demandas son en su orden el Pacto Histórico, que aglomera a la izquierda en Colombia; y los partidos Conservador y Liberal.

Se debe recordar que por estas irregularidades el registrador Nacional, Alexander Vega, ha sido fuertemente cuestionado, incluso hasta con un debate de control político en el Congreso de la República.

El escándalo resucitó un grupo de demandas que se había presentado ante el Consejo de Estado para denunciar el proceso en el que Vega fue puesto al frente de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a finales de 2019.

Son varios los argumentos de las demandas impuestas en 2019 contra la elección del registrador. Uno de ellos es el puntaje que Vega obtuvo en la prueba clasificatoria de conocimientos: 453,423 puntos. En teoría, se llamarían a entrevista solamente a los diez primeros puntajes, siempre y cuando hubieran obtenido 500 puntos o más.

Pese a que el puntaje conseguido por el actual registrador no llegaba a ese umbral, Vega fue citado a la entrevista. Allí obtuvo 285 puntos de 300 posibles, calificación suficiente para hacerse con el puesto.

Hasta abril pasado, que el tema se reactivó, la investigación se había abandonado porque una funcionaria de la Procuraduría General se había declarado impedida para manejar el tema; de eso han pasado ya tres años.

Finalmente, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra aceptó el caso y ha citado a varias personas a declaración, incluidas el propio registrador Vega y quienes estuvieron involucrados en la elección: el procurador Segundo Delegado ante el Consejo de Estado, un representante de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, y los magistrados Álvaro Fernando García Restrepo y José Francisco Acuña Viscaya (Corte Suprema de Justicia), Álvaro Namen Vargas (Consejo de Estado) y Gloria Stella Ortiz Delgado (Corte Constitucional).

Varias personas están a la expectativa del resultado de este proceso y guardan la esperanza —o el temor— de que el puesto del registrador general quedara vacante antes de la primera vuelta presidencial, el próximo 29 de mayo. No obstante, los tiempos que la ley permite para procesar las evidencias, declaraciones y reclamaciones sobre el caso de Vega no dan para que se conozca el fallo antes de esa fecha.

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