Unidad para la Víctimas indemnizó con más de $2.700 millones a personas afectadas por el conflicto armado en el Catatumbo

Víctimas del conflicto armado radicadas en los nueve municipios de Norte de Santander priorizados en el Acuerdo de Paz dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se reunieron en Ocaña este sábado 14 de mayo. En este encuentro realizado por la Unidad para las Víctimas, más de 200 personas afectadas fueron beneficiadas con la medida de indemnización administrativa que implementó la entidad en las primeras dos semanas de mayo.

Durante la entrega de esta cartas de indemnización, la Unidad para las Víctimas socializó las líneas de inversión para un uso adecuado de los recursos y lideró la oferta institucional. Allí, las entidades del Estado, como el Sena y la Gobernación de Norte de Santander, dieron a conocer los programas en vivienda y educación a los que la población afectada por la violencia puede acceder.

La directora de la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander y Arauca, Johanna Gelvez Ascanio aseguró que “Entregamos más de $2.700 millones a adultos mayores y en condición de discapacidad que se encuentran en la ruta prioritaria y que presentan enfermedades catastróficas. Estamos avanzando en el proceso de reparación individual, mes a mes llegamos a esta zona del departamento para aumentar la cobertura en víctimas reparadas cuyos montos superan los $2 mil millones mensuales en indemnizaciones”.

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En la subregión del Catatumbo la violencia en Colombia dejó sus huellas imborrables. Hoy, estas dinámicas violentas siguen presentándose en esta zona del país. Desde 2018, el ELN y el EPL se están enfrentando por el dominio total de este territorio conformado por los municipios de Tibú, Sardinata, El Tarra, San Calixto, Hacarí, La Playa, Teorama, Convención, El Carmen y Ocaña y que alberga los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, donde habita el pueblo indígena Barí.

Una de las personas beneficiadas con esta indeminización realizada por la Unidad para la Víctimas fue Omar Avendaño, quien advirtió que “pienso invertir en un parque automotor de servicio de transporte de carga pesada para ser propietario y generar empleo”. Cifras entragadas por esta entidad, señalan que, en lo corrido de mayo, se han entregado más de $5.000 millones de pesos a más de 430 víctimas en Cúcuta y municipios de Norte de Santander.

Otra de las víctimas que recibió este beneficio fue Fidelina González quien vive en el municipio de Convención. La mujer explicó que va a hacer con la plata recibida: “Quiero arreglar mi casa que está en muy mal estado, cambiar los techos y hacer los baños”.

Mientras tanto, Cosmi Quintero habitante del municipio de San Calixto aseguró que tiene las misma intenciones que González. “Lo voy a invertir en arreglar mi vivienda, la tenemos deteriorada y vamos a mejorar nuestra calidad de vida en la familia”.

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Por su parte, Teresa Madariaga, defensora Pública del Grupo de Víctimas explicó que este proceso está en su etapa final, por lo que hace el seguimiento a cada uno de los casos para brindar asesoría personalizada. Abogados, psicólogos y un perito financiero de la Defensoría del Pueblo evalúan los daños morales y económicos de cada una de las víctimas para avanzar en la garantía de sus derechos y así lograr una reparación justa.

“Para la Defensoría del Pueblo la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado son fundamentales para avanzar en las garantías de no repetición de los escenarios de conflicto que padecieron estas personas”, aeguró la Defensoría del Pueblo que hace un acompañmiento en estos procesos de indeminización.

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