Sigue la novela de Justo y Bueno: vuelve a abrir este sábado

A las once de la noche de este viernes 13 de mayo se publicó una carta firmada por el presidente del sindicato de Justo y Bueno, César Higuita, y el agente liquidador designado por la Superintendencia de Sociedades, Darío Laguado Monsalve. Entre otras cosas, la misiva pedía a los trabajadores de la empresa retornar a sus puestos de trabajo a partir del sábado 14.

El comunicado de Sintramer y el agente indica que los contratos de los trabajadores siguen vigentes, excepto aquellos de los antiguos administradores de la compañía; esos fueron liquidados por orden del juez del caso. Por lo tanto, “invitan a los trabajadores de Mercadería SAS en liquidación judicial a que asistan nuevamente a sus lugares de trabajo para que a partir de mañana 14 de mayo se puedan abrir las tiendas”.

Además, el agente liquidador promete a estos trabajadores que hará lo necesario para cubrir los pagos de seguridad social, que se pensará en soluciones para los empleados con estabilidad laboral reforzada y que “a medida que los recursos disponibles lo permitan, la compañía atenderá los descuentos que ha hecho a los trabajadores para pagar libranzas y embargos”.

Finalmente, la carta asegura que aquellos empleados que acudan a trabajar a partir de este sábado recibirán pago preferencial de los días trabajados. Según lo que Higuita le mencionó al diario El Tiempo, dichos trabajadores podrán cobrar su jornal con el producido de cada día.

Con respecto a los dueños de los inmuebles que están ocupados por Justo y Bueno y a quienes se les debe cuotas de arriendo, la compañía pide que le informen “si están interesados o no en participar en los esfuerzos y sacrificios encaminados a la apertura de los locales”. Agradecen a quienes acepten un preacuerdo y pide a quienes quieran sus bienes de vuelta que no bloqueen el acceso a estos.

En la noche del martes 10, la cadena de minimercados Justo y Bueno cerró sus establecimientos y depósitos de forma preventiva, ya que la compañía china JF Capital International Limited, que había adquirido la marca, no envió los documentos ni realizó el giro de los recursos correspondientes para su salvamento económico.

En la misiva indicaron que lamentaban el incumplimiento de la empresa asiática: “Una vez se firmó el contrato de venta en marzo, continuamos trabajando con la convicción de que los fondos pactados para pagar las deudas y cumplir nuestros compromisos con todas las familias vinculadas con Mercadería ingresarían a tiempo”.

También señalaron que les sorprendía lo ocurrido con esa compañía con la que esperaban que la cadena de minimercados pudiera salir a flote tras los embates de la pandemia.

“No entendemos qué pudo pasar con el anunciado ingreso de los recursos al país. Esperamos que JF Capital, como nuevo propietario de Justo & Bueno, se manifieste públicamente y dé la mejor solución posible para todos en la audiencia citada por la Superintendencia de Sociedades el próximo jueves”, concluyeron en el comunicado.

Cabe recordar que la cadena tenía un ultimátum para responder a los arrendadores, proveedores y empleados con las deudas que tenían con ellos que suman 135.000 millones de pesos. Lo que seguiría es que como lo acordaron, al momento de acogerse a la Ley 560, la cadena entraría en un proceso de liquidación por parte de la Superintendencia de Sociedades, entidad que ya tendría programada fecha para la audiencia, la cual se realizaría el 12 de mayo a las 9 de la mañana.

Esto se debe a que les quedaban dos caminos: uno que era el de ser liquidado finalmente, lo que les permitiría a los proveedores recuperar sus inmuebles, o, dejar que, entrara el capital del fondo chino, que según Caracol Radio es influido por John Gómez, un colombiano que maneja inversiones en Asia y Europa, con las cuales pretenderían solventar las deudas. Pero como se reseñó, lo último no ocurrió.

El agravante del tema son las más de 500 denuncias por incumplimientos en los gastos de administración, donde se contemplan: retrasos en el pago de arriendos, solicitud para restitución de inmuebles, retrasos en pagos de servicios públicos, además de las quejas de los empleados que aseguran retrasos en el pago de las nóminas por más de 3 meses.

A eso se suma, deudas por más de mil millones de pesos por el no aporte a pensiones y cesantías; deudas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por casi 20 mil millones de pesos; incumplimientos con alcaldías, como la de Bogotá; entre otras.

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