Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, es imputado por la Fiscalía por contratación indebida durante la pandemia

José Facundo Castillo, gobernador de Arauca, se encuentra en el ojo del huracán luego de que la Fiscalía General de la Nación abriera una investigación y lo imputara “por el delito de interés indebido en la celebración de contratos agravado y peculado por apropiación en grado de tentativa”.

Todo comenzó, según la investigación realizada por las autoridades, cuando tomó la decisión de firmar un decreto el día viernes 3 de abril de 2020, época en la que el covid-19 se empezaba a expandir por el territorio colombiano con mayor fuerza.

Dicho decreto habilitó el permiso para el proceso de contratación a licitantes que pudieran cubrir la necesidad de brindar kits de ayuda humanitaria a la población del departamento, por lo que, durante ese fin de semana, se abrió la invitación pública para que se presentaran los ofertantes, aunque solo hubo una propuesta sobre la mesa.

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El domingo 5 de abril sobre las 5 de la tarde al parecer se cerró la posibilidad de que más empresas pudieran presentar sus propuestas. Según se estableció, la única empresa que se presentó fue Multiservicios MAEL SAS ZOMAC, la cual pertenecería a una persona muy cercana al gobernador José Castillo.

Esto, a la Fiscalía General de la Nación, le despertó sospecha, por lo que entró a realizar la respectiva investigación que conllevó a que el pasado 12 de mayo se emitiera la imputación, haciéndolo responsable de esa contratación presuntamente irregular.

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Adicional a eso, el CTI identificó que habría un sobrecosto en algunos productos alimenticios que pertenecían a los kits humanitarios superior a los 200 millones de pesos, los cuales superaban los precios normales a nivel comercial, pero “finalmente, ante las alertas de los organismos de control, los costos fueron ajustados y se evitó un detrimento patrimonial”, comunicaron.

Finalmente el gobernador Castillo no aceptó dichos cargos durante la audiencia que se llevó a cabo con un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, el cual se encargó de leer las formulaciones con que le acusan como responsable del delito, emitidas desde Corte Suprema de Justicia.

Castillo fue llevado a prisión a finales del 2021 ante la imputación de cargos por presuntamente favorecer al terrorismo con patrocinio económico, además de administrar recursos a favor del terrorismo, entre otros cargos que hoy lo mantienen entre las rejas.

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