La concejala del partido Colombia Humana y la Unión Patriótica, Susana Muhamad, interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional de la Disciplina Judicial, pues al parecer encontró que la magistrada Nelly Villamizar estaría favoreciendo arbitrariamente al contratista de la obra de la planta de tratamiento, que comprometería su funcionalidad y la entrega del proyecto.
Para poner un poco en contexto, en los últimos días se vienen anunciando obras y aperturas de licitaciones para que la Alcaldía de Bogotá haga cumplimiento de su Plan de Ordenamiento Territorial, POT, como las Planta de Termovalorización, nuevos modelos para el manejo y tratamiento de basuras, además del manejo de las aguas residuales.
Para esto último, se adelantan varias obras como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR Canoas, que según la alcaldesa Claudia López:
“será la planta de tratamiento de aguas residuales más grande del país, y la segunda de América Latina. Va a limpiar todas las aguas negras que llegan por el sistema de alcantarillado de Bogotá y Soacha”.
Actualmente, la planta del Salitre, la que está siendo objeto de la demanda en cuestión, actualmente es la que trata el 30 % de las aguas residuales de Bogotá, por lo que la obra de Canoas implica también la adecuación de la del Salitre, que se pretender poner en construcción este año. La obra, según cifras del distrito, tiene una inversión total de 10,9 billones de pesos.
Pero, ayer la Procuraduría solicitó el informe sobre el avance del proyecto que debe descontaminar el Río Bogotá.
“El desarrollo y ejecución de ambas obras resulta de gran utilidad para la descontaminación del río Bogotá, dada la cobertura y el considerable número de personas beneficiadas de las mismas”, sentenció el ministerio público.
Es por esto, que, con un comunicado, la concejala Muhamad explicó que la magistrada Nelly Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al parecer dejó en riesgo el cumplimiento del contrato que a la fecha le ha costado a la ciudad 1,3 billones de pesos.
“A pesar de los incumplimientos informados por la interventoría, la EAAB, y la CAR, se obligó a través de decisiones judiciales, que se expidiera la certificación de aceptación de la entrega operativa de la planta (hito 1); y le exigió al Acueducto de Bogotá recibir la obra sin garantizar su pleno funcionamiento. Después de la revisión de los términos contractuales, de los informes del Banco Mundial, la documentación aportada por la Corporación Autónoma Regional (CAR) y la interventoría, y de escuchar a la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, junto con la visita a la Planta; se han evidenciado que conforme a las fallas e incumplimientos del contratista, a través de las decisiones judiciales de la magistrada, no se están amparando los derechos colectivos del medio ambiente sano, sino se están favoreciendo al contratista que a la fecha no cumple con los requerimientos que reiteradamente se le han solicitado, efectuando con sus decisiones modificaciones al contrato y desconociendo que por cada día de retraso en la entrega de este Hito 1, corresponderían sanciones de 90.000 dólares diarios”.
Según concluye el comunicado, a pesar de las pruebas presentadas ante las entidades correspondientes, la magistrada ha negado los señalamientos, y por el contrario asegura que la obra si se está cumpliendo.
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