Decisión de Consejo de Estado sobre Alexander Vega no se sabrá antes de primera vuelta presidencial

Tras las controvertidas elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, varios sectores políticos exigieron la renuncia o despido del registrador general, Alexander Vega. Incluso fue citado a debate de control político en el Congreso de la República para responder por las irregularidades, entre las que se contaron corrupción al sufragante, falsedad personal, perturbación al certamen diplomático y voto fraudulento.

El escándalo resucitó un grupo de demandas que se había presentado ante el Consejo de Estado para denunciar el proceso en el que Vega fue puesto al frente de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a finales de 2019.

Son varios los argumentos de las demandas impuestas en 2019 contra la elección del registrador. Uno de ellos es el puntaje que Vega obtuvo en la prueba clasificatoria de conocimientos: 453,423 puntos. En teoría, se llamarían a entrevista solamente a los diez primeros puntajes, siempre y cuando hubieran obtenido 500 puntos o más.

Pese a que el puntaje conseguido por el actual registrador no llegaba a ese umbral, Vega fue citado a la entrevista. Allí obtuvo 285 puntos de 300 posibles, calificación suficiente para hacerse con el puesto.

Como si fuera poco, las demandas dicen que Vega “no reúne las calidades y requisitos constitucionales y legales para haber sido elegido como tal”. Para llegar a ese cargo, el registrador debió demostrar 15 años de experiencia en la rama judicial, el ministerio público, el derecho o la cátedra universitaria sobre temas jurídicos.

Pese a ello, Vega puso en su hoja de vida que trabajó en dos sitios distintos al mismo tiempo: fue jefe suplente, abogado consultor y litigante en el Grupo Jurídico Empresarial Martínez & Vega Abogados, mientras era director ejecutivo de Transparencia Electoral.

Los demandantes aseguran que estas experiencias laborales simultáneas no pueden sumar doble antigüedad dentro del concurso público, con lo cual Vega apenas tendría un total de nueve años, diez meses y cuatro días de experiencia previa a su elección como registrador. No cumplir con ese requisito constituiría una violación del numeral cuarto del artículo 232 de la Constitución Política de Colombia.

Finalmente, las demandas también señalan que se cambió el lugar de las entrevistas a último minuto: no se hicieron en el Palacio de Justicia, como es costumbre, sino en el Cespo. Además, no se hizo de forma pública, sino a puerta cerrada.

El argumento que se manejó el 10 de octubre de 2019 para cambiar el lugar y cerrar las puertas del público fue una serie de manifestaciones que causaban ruido y alteraciones del orden público en cercanías del Palacio de Justicia. El consejero determinará la idoneidad de esta decisión.

Hasta abril pasado, que el tema se reactivó, la investigación se había abandonado porque una funcionaria de la Procuraduría General se había declarado impedida para manejar el tema; de eso han pasado ya tres años.

Finalmente, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra aceptó el caso y ha citado a varias personas a declaración, incluidas el propio registrador Vega y quienes estuvieron involucrados en la elección: el procurador Segundo Delegado ante el Consejo de Estado, un representante de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, y los magistrados Álvaro Fernando García Restrepo y José Francisco Acuña Viscaya (Corte Suprema de Justicia), Álvaro Namen Vargas (Consejo de Estado) y Gloria Stella Ortiz Delgado (Corte Constitucional).

Varias personas están a la expectativa del resultado de este proceso y guardan la esperanza —o el temor— de que el puesto del registrador general quedara vacante antes de la primera vuelta presidencial, el próximo 29 de mayo. No obstante, los tiempos que la ley permite para procesar las evidencias, declaraciones y reclamaciones sobre el caso de Vega no dan para que se conozca el fallo antes de esa fecha.

Aunque el tribunal de lo contencioso administrativo ya está en la recta final de este proceso, aún faltan fases. El próximo 18 de mayo terminará la fase de recolección de pruebas, tras lo cual se abrirá una fase de alegatos de conclusión y la entrega del concepto de la Procuraduría General de la Nación sobre el caso. Después de todo esto, según la emisora RCN Radio, el despacho del magistrado Álvarez se tomaría 20 días más para elaborar su veredicto.

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