Álvaro Fredy Córdoba Ruiz fue capturado la noche del 3 de febrero de este año, por agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional de Colombia, en el barrio El Poblado de Medellín. Fue arrestado en la denominada ‘Operación Coral’, junto con otras dos personas, señalados de brindar apoyo logístico a la subestructura Gentil Duarte e Iván Mordisco, de las disidencias de las FARC; además, en contra del hermano de la electa senadora, se cursa un proceso por narcotráfico en una corte de los Estados Unidos.
A nombre de la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, la embajada de los Estados Unidos en Colombia le solicitó formalmente al país la extradición de Álvaro Córdoba:
“La embajada tiene el honor de informar al ministerio que los documentos que soportan una solicitud de extradición han sido certificados de conformidad con el Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos”.,
el documento fue presentado el pasado 23 de marzo.
Es por esto que la Corte Suprema de Justicia inició un estudio para determinar que si las pruebas eran conducentes para aprobar, o no, la solicitud de extradición; el caso que reposa en el despacho de la magistrada Myriam Ávila Roldán, debía pronunciarse sobre la resolución de este caso la semana pasada.
Pero, la senadora Piedad Córdoba interpuso una tutela ante el supremo tribunal, con el fin de desestimar la solicitud de extradición de su hermano. Ante esto, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia rechazó dicho requerimiento que alegaba la protección de los derechos fundamentales de Álvaro, los cuales consideró que estaban siendo vulnerados.
La solicitud fue negada por el magistrado Luis Alonso Rico Puerta, quien consideró que la tutela no cumplía con los requisitos necesarios para desestimar la solicitud, ni mucho menos emitir un pronunciamiento al respecto.
Sin este proceso, la magistrada Ávila podrá determinar finalmente, si aprueba o no la solicitud de extradición del señalado, que se encuentra recluido en un pabellón de la cárcel La Picota. La determinación ya tiene contemplado el escrito de acusación de la Corte federal de los Estados Unidos que asegura tener interceptaciones telefónicas y seguimientos que demostrarían la forma en que el acusado operaba, acciones realizadas desde julio de 2021, aproximadamente, hasta el momento de su captura en febrero de 2022.
Todas estas acciones, sumadas a las visitas que se le han registrado a Piedad Córdoba a La Picota, donde supuestamente va a visitar a su hermano, han sido una persecución en contra de la senadora y su familia, así lo manifestó en su cuenta de Twitter,
“Basta de persecución política contra mi hermano y contra mi familia. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial”.
Piedad Córdoba a pesar de representar al Pacto Histórico, partido con el que ganó su curul al senado, desde esa misma colectividad le pidieron abstenerse de promocionar la campaña presidencial de Gustavo Petro, hasta que no se aclare su situación jurídica, junto con los escándalos que la salpican. Sobre esto, la misma Córdoba emitió un comunicado sobre su visita a la cárcel:
“Álvaro tiene derecho a su presunción de inocencia y no ser juzgado acorde a las leyes colombianas por lo que lo he respaldado familiar y legalmente, pero ello no implica ningún acuerdo clientelar con capos del narcotráfico para conseguir apoyo electoral”.
SEGUIR LEYENDO: