Encabezados por el hoy candidato presidencial Enrique Gómez Martínez, sus familiares le entregaron un nutrido folio a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, solicitando que desestimen la apropiación del caso, ya que no se han aportado las pruebas necesarias, ni los avances suficientes para vincular o identificar a los autores materiales del asesinato.
El archivo de más de 170 páginas reseña que Carlos Antonio Lozada, hoy senador de la república y ex comandante del extinto grupo guerrillero FARC - EP, que ha sido uno de los que reconoció su responsabilidad en el caso, aseverando que los subversivos fueron los que planearon y materializaron el crimen. Aún existe mucho material probatorio que vincularía a otros actores en el homicidio.
En el informe llamado “Crónica de un crimen de Estado”, se acusa a figuras del nivel estatal, los cuales configurarían una participación activa de la nación en el magnicidio, según el candidato presidencial y sobrino de la víctima, Enrique Gómez, el gobierno de la época encabezado por Ernesto Samper, en conjunto con el también fallecido Horacio Serpa y narcotraficantes del Valle del Cauca, tendrían una participación activa en el magnicidio.
“Lo lógico y razonable es que no se abra macrocaso, no se asuma competencia sobre Álvaro Gómez y se le quite la pobre excusa que ha venido alegando el fiscal Barbosa para haber congelado la investigación sobre el asesinato de quien dijo haber sido su mentor y a quien tan triste y pobremente ha servido como fiscal general de la nación”,
asegura el también abogado de la familia Gómez. Es por esto que reclaman que el expediente vuelva a la dependencia de la justicia ordinaria.
De hecho, el informe desestimaría la aceptación de la responsabilidad del crimen por parte del grupo guerrillero, acusando directamente al expresidente Samper y otros funcionarios de su gobierno,
“Es un recuento que acredita claramente que esto es un crimen de estado cometido por Ernesto Samper Pizano y otros miembros de su alto grupo de gobierno, eso es fundamental porque genera un contexto que para la declaratoria de competencia no lo puede evitar la JEP”.
Asegura que las extintas FARC estarían ‘auto incriminándose’ con el fin de obtener algunos beneficios, con el presunto fin de aportar verdad; en ese sentido, Enrique Gómez acusó a la también senadora, Piedad Córdoba, en estar vinculada con el caso, siendo “la maestra de ceremonia de este circo”, argumentado en las evidencias recopiladas, por ejemplo, en el operativo que dio de baja a Jorge Briceño, conocido como alias el “Mono Jojoy”.
“Las Farc no sólo no participó sino que no sabía quién había matado a Álvaro Gómez y así lo evidencian los correos evidenciados en el año 1995 de los computadores de Jojoy y otros miembros como “Rafael Político” y ahora otros declarantes que estaban ligados al Bloque Oriental y controlaban la RUAN, afirman que ni supieron del operativo, ni tuvieron conocimiento real de que hubiera ocurrido”, recordemos que la RUAN era la denominada Red Urbana Antonio Nariño, la cual pretendía controlar a Bogotá, según el mismo Carlos Antonio Lozada, quien aseveró ser el comandante de esta columna en los años 90 que cometieron varios asesinatos a altos mandos del ejército y otros dirigentes políticos.
En caso de desestimarse el documento y que la Jurisdicción Especial para la Paz defina finalmente tomar el caso, Enrique Gómez y su familia impugnarían la decisión.
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