Este jueves 12 de mayo la Fiscalía General de la Nación anunció que imputó, por cuarta vez, al gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros. En esta ocasión, el ente acusador estableció que el funcionario estaría involucrado en hechos de corrupción que se registraron en el desarrollo de la pandemia de covid-19.
Cabe recordar que José Facundo Castillo en la actualidad está privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá por otro proceso que cursa en su contra, en el que lo señalan de tener nexos con el ELN. De acuerdo con la Fiscalía, esta es la cuarta imputación por presunta corrupción que se le hace al gobernador de Arauca.
En esta ocasión, la información adelantada por los investigadores del ente acusador, establecieron que José Facundo Castillo habría incurrido en hechos de corrupción cuando firmó un contrato para la logística y entrega de kits para la población vulnerable en medio de la pandemia de covid-19.
El contrato mencionado se adjudicó a la firma Multiservicios Mael S.A.S. Zomac, empresa que recibió más de 4.400 millones de pesos por ejecutar el contrato.
Según las investigaciones de la Fiscalía, el proceso de contratación tuvo varias irregularidades. Primero, toda la gestión se realizó en un fin de semana bajo un decreto que el gobernador firmó el viernes 3 de abril de 2020, con el que se habilitaron los dos días siguientes para realizar la contratación.
El sábado 4 de abril de 2020 se abrió la licitación y el domingo 5 se venció el plazo para presentar propuestas. A este proceso solo se presentó un oferente que fue al que se le adjudicó el contrato.
“Durante los dos días se presentó un solo oferente, a quien el lunes 6 de abril, en una rápida valoración, le fue asignado el contrato de los paquetes humanitarios”, explicó la Fiscalía General de la Nación.
Así mismo, aseguró que el oferente no era un contratista cualquiera. El representante de la empresa ya mencionada es una persona cercana a José Facundo Castillo.
“Al parecer, todos los actos previos en los que intervino directamente el gobernador estuvieron dispuestos para favorecer al único proponente y limitar la participación de otros interesados”, estableció el ente acusador.
Otras irregularidades en el contrato
Además del presunto favorecimiento a un oferente en específico, el gobernador de Arauca también estaría involucrado en sobrecostos de contratos.
Según explicó la Fiscalía, los peritos contables del CTI detectaron sobrecostos superiores a los 233 mil millones de pesos. Estas irregularidades se encontraron en los contratos con los que se adquirieron los alimentos que hacían parte de los kits que se entregaron a las familias vulnerables.
Las investigaciones que adelantó el ente acusador, arrojaron que los alimentos adquiridos con ese fin “estaban por encima de los precios del mercado. Finalmente, ante las alertas de los organismos de control, los costos fueron ajustados y se evitó un detrimento patrimonial”.
En esta ocasión, Castillo fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos agravado y peculado por apropiación en grado de tentativa. En la audiencia realizada ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, el gobernador no aceptó los cargos.
Es de recordar que los delitos por los que actualmente está recluido en La Picota son: concierto para delinquir; financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada; y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.
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