Esta es la app que ofrece préstamos en línea investigada por cobrar intereses demasiado altos y por publicidad engañosa

Son múltiples las quejas de los usuarios sobre la aplicación Profin, una plataforma tecnológica que presta dinero en un proceso ágil, pero que al parecer no permite conocer todos los cobros correspondientes y ni siquiera quejarse por las inconformidades.

Por esas razones, la Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación NANOCRED COLOMBIA S.A.S., identificada con el NIT. 901.400.887-0, que es la propietaria de “Profin app”, debido a que identificó varias situaciones que podrían configurar vulneraciones al régimen de protección al consumidor en las operaciones crediticias que brindan.

El ente de control halló mérito para iniciar la investigación después de requerir información y realizar visitas de inspección al establecimiento donde opera Nanocred, que resultó en varios hallazgos alarmantes sobre el funcionamiento, que no estarían apegados a la ley.

Uno de ellos, concluyó que al menos en 20 créditos se estarían realizando cobros excesivos de intereses que exceden el limite legal permitido, que dieron inicio a las investigaciones. Incluso, en las quejas de los usuarios en comentarios a la app, aparece que no conocen, en ocasiones, el numero de cuotas o tiempo en el que pagaran el crédito.

Así mismo, la SIC considera que puede haber información engañosa, debido a que como lo han reportado varios usuarios, se presentan cobros posteriores que no son conocidos por los usuarios. De acuerdo con los hallazgos del ente de control, la plataforma asegura que el cobro por uso de la misma es “opcional”, pero luego se cobra de manera automática y no hay posibilidad de renunciar a el mismo.

“En igual sentido, por no suministrar información suficiente, precisa y oportuna en el contrato de préstamo, en relación con los descuentos que se brindarán a los consumidores por el uso de la plataforma”, informó la SIC.

Uno de los hallazgos también correspondería a publicidad engañosa, debido a que la plataforma asegura que “PROFIN es una marca vigilada por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC). Por eso mismo cuentas con la tranquilidad de que, nuestro servicio está completamente reglamentado y avalado”, sin embargo no es una función ni competencia del ente de control realizar ese tipo de actividades.

“Esta Superintendencia NO otorga ningún aval frente al cumplimiento de la normatividad por parte de estos comercios electrónicos o aplicaciones, por lo que, en caso de advertir el uso de proclamas en tal sentido, los consumidores podrán acudir a esta Autoridad para denunciar dicha situación”, señaló la entidad.

Así como se identificó presunta ausencia de información en los cobros asociados al uso de la plataforma, también se pudo establecer que en los contratos no aparecen por escrito los datos del lugar de suscripción, el domicilio de la sociedad, como tampoco los limites de la tasa de interés legal vigente para el momento de la firma del contrato. Tampoco es posible tener datos de identificación tributaria de la compañía, su dirección o notificación judicial. Menos es posible acceder a los servicios de información de la plataforma.

En ese caso, la plataforma estaría incurriendo en usura, “al cobrar en las operaciones de crédito intereses por encima del límite máximo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia”.

Aunque las quejas son recurrentes, no tienen canales de PQRS como es su obligación por norma, por lo que los consumidores no cuentan con un mecanismo para realizar reclamaciones, por tanto no es posible hacer seguimiento ni tampoco un enlace con la pagina web de la SIC para hacerlo.

“No atender los requerimientos de información realizados por la Autoridad, lo cual podría configurarse como una violación a las órdenes impartidas e incumplimiento de instrucciones por parte de esta Superintendencia”, sostuvo el ente de vigilancia.

Adicional a estos casos que se deberán ser confirmados por la SIC y de comprobarse su violación se impondrían multas de hasta 2.000 millones de pesos. El ente de vigilancia también inicio una investigación por parte de la Delegatura de Datos Personales porque la aplicación recogería, presuntamente, datos sensibles sin un objetivo claro.

Según la SIC, durante la solicitud de los créditos digitales se recolectan datos personales sin contar previamente con autorización expresa e informada, por cuanto no conocen las finalidades especificas de ese tipo de información, lo cual es un derecho de los usuarios por ley.

“Adicionalmente, se evidenció, de manera preliminar, que la investigada, en el ejercicio de la gestión de cobranza, contacta a las personas cuyos datos son suministrados por el solicitante del crédito a modo de referencia, sin contar con la autorización previa, expresa e informada de éstas”, afirmó la SIC.

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