Defensoría y Personería intervienen en conflicto de campesinos y soldados en el Catatumbo

Este jueves 12 de mayo la Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó que luego de tres días de mediación y acompañamiento en la vereda de Caño Indio, zona rural de Tibú, Norte de Santander, se logró calmar la situación que se registraba en esta localidad fronteriza entre las comunidades campesinas y 140 soldados que adelantan operativos de erradicación forzada de cultivos ilícitos.

Así lo informó la entidad dos días después que el Ejército Nacional denunciara que cerca de 300 campesinos de la región del Catatumbo impedían la salida de los uniformados de la base militar, ubicada en esta localidad al nororiente de Colombia, como una forma de protestar por la erradicación forzada a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

“El día de hoy se logró la retirada de las comunidades, que se declararon en asamblea permanente a la espera de que una comisión del Gobierno Nacional atienda sus requerimientos frente a la evaluación puntual del avance en el punto 4 del Acuerdo de Paz, es decir, el programa de sustitución concertada de cultivos de uso ilícito”, destacó la Defensoría.

La entidad destacó que como primera medida se logró el restablecimiento de los servicios de agua y electricidad en la base militar, los cuales habrían sido cortados por los habitantes de este sector, gracias a una mesa de diálogo liderada por una comisión de la Regional de Norte de Santander y la Personería municipal, la cual había contrastado las denuncias del Ejército en las que se sugerían supuestas agresiones con palos y piedras a los uniformados.

Por último, la Defensoría reiteró que los funcionarios permanecerán brindando acompañamiento en este convulsionado sector fronterizo, históricamente afectado por el conflicto armado, con el fin de buscar que se mantengan los espacios de diálogo como principal mecanismo para lograr acuerdos que permitan la completa superación de esta situación.

“Se espera la presencia de autoridades nacionales para avanzar en la mediación ante la retención de soldados por parte de campesinos de la zona, debido a inconformidades en el programa de sustitución de cultivos ilícitos”, concluyó la Defensoría.

El comandante de la Segunda División del Ejército Nacional de Colombia, general Omar Sepúlveda, había denunciado que más de 300 campesinos “secuestraron” al grupo de uniformados que adelantan estos operativos, señalando que les habrían cortado, supuestamente, los suministros de agua y luz, “violado los preceptos de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH), con el fin de promover la flagrancia de estas comunidades cocaleras que están en contra de nuestra fuerza pública”.

Sin embargo, la Personería de Tibú afirmó que las labores de erradicación que estaba adelantando el Ejército en esta región fronteriza estaba afectando la “tranquilidad, libre movilidad, seguridad, lo cual limita la permanencia en el territorio de los campesinos”, y aseguró que no se han retenido ni ultrajado a los uniformados, contrastando la versión de las autoridades.

“En nuestra autonomía como comunidades campesinas hemos decidido declararnos en asamblea permanente, en la vereda Caño Índio, exigiendo al Gobierno nacional, departamental y municipal, el cumplimiento efectivo y real del punto cuarto de los acuerdos suscritos entre la desmovilizada guerrilla de las FARC, en el proceso de paz, los cuales en la actualidad no se han implementado, por tanto hemos decidido realizar peticiones”, señaló la entidad en esa oportunidad.

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