Este 11 de mayo la Alcaldía de Bogotá anunció la nueva política pública de Lucha contra la trata de Personas en el Distrito Capital, 2022-203. El objetivo es proteger “los derechos de las personas víctimas de las distintas finalidades de explotación, como la prostitución ajena y explotación sexual; trabajos o servicios orzados, servidumbre y explotación de la mendicidad ajena; matrimonio servil, esclavitud o prácticas semejantes a la esclavitud y tráfico de órganos”.
El secretario de Gobierno, Felipe Jiménez Ángel, resaltó el hecho de que esta política se ponga en marcha con recursos por 117 mil millones de pesos para combatir “uno de los delitos más atroces, que acaba con la dignidad y la voluntad del ser humano. Es el resultado de continuar una idea diseñada y planeada en la administración anterior que nos hace el primer ente territorial que tiene una política pública de esta naturaleza”, indicó.
El funcionario reconoció el aporte que, según él, han brindado los sectores del Gobierno nacional y los organismos internacionales y aseguró que espera que “esta iniciativa sea replicada en todo el país”.
Con esta política, presentada en el Castillo de las Artes del barrio Santa Fe, se busca disminuir la ocurrencia de este delito desde la prevención, la asistencia y protección a las víctimas. También, a quienes puedan sufrir este flagelo, a través del acompañamiento en las etapas de prevención, asistencia e impulso a la investigación, judicialización y sanción de las personas y organizaciones dedicadas a esta actividad delictiva. De esa forma, la ciudad reafirma su compromiso con la Estrategia Nacional contra la Trata de Personas.
Un elemento clave de esta política es la presentación de una oferta interinstitucional que busca garantizar el acceso a servicios a las víctimas en pro de la restitución de sus derechos, cómo asistencia y suministro de protección integral, inmediata y sin barreras, a las víctimas, su núcleo familiar y a testigos; visibilizar las rutas de atención dispuestas y promover la confianza de la ciudadanía en la acción de las entidades; fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las instancias encargadas de investigar y judicializar a los responsables de este delito; y contar con estadísticas y cifras para hacer seguimiento a la ocurrencia de este flagelo.
De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, esta articulación se realiza a través del Comité Distrital de Lucha Contra la Trata de Personas, instancia liderada por la Secretaría Distrital de Gobierno y de la cual hacen parte entidades como las secretarías de Seguridad, de la Mujer, Educación, Salud, e Integración Social, Desarrollo Económico, Planeación; Idipron, IDT, Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, Personería Distrital y Policía Metropolitana de Bogotá.
El delito de trata de personas es la tercera empresa criminal con mayor rentabilidad en el mundo -después del narcotráfico y la compra y venta ilegal de armas-, es así como entre 2021 y el primer trimestre de este año el distrito registró cerca de 65 casos, con las mujeres como las mayores víctimas de este delito con 52 casos, mientras que 13 hombres se identificaron como afectados por este flagelo.
Así mismo, la finalidad de explotación con más casos registrados continúa siendo la explotación sexual, con 32 casos, seguida de trabajos o servicios forzados, con once; servidumbre, con seis, y matrimonio servil con dos. En 14 casos no se especifica la finalidad de explotación.
De otra parte, en 38 de los casos la explotación se dio fuera del país (trata externa) y 27 dentro del territorio nacional (trata interna). Cabe resaltar que el registro de casos no denunciados ante las autoridades puede ser mayor a los indicados anteriormente a causa del desconocimiento de la víctima o su temor a retaliaciones y a ser revictimizada.
Cabe resaltar que Bogotá es considerada por las autoridades como un lugar de origen, tránsito y destino de la trata de personas, especialmente en finalidades como la explotación sexual, los trabajos forzados y la mendicidad ajena, y son las mujeres entre los 18 y 27 años, así como la población migrante, quienes se encuentran en mayor riesgo de ser víctimas del delito.
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